Envejecimiento y bienestar

A ctualmente en España son más de 7,3 millones las personas mayores de 65 años, y representan ya el 17% de la población. De estos, más de dos millones son mayores de 80 años y constituyen algo más de la mitad del conjunto de dependientes.

La creciente esperanza de vida ha estado acompañada de una tasa de fertilidad muy baja —1,2 hijos por mujer— y para mayor infortunio más de dos millones de jóvenes españoles han tenido que expatriarse para buscarse la vida.

Nuestro país ha pasado de tener cuatro personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años a una proporción de solo 2 a 1, apenas un 38% de la población. Con esta tasa tan baja de fuerza productiva es imposible costear el sistema de pensiones siendo este inviable solo con las cotizaciones de los trabajadores si no se introducen nuevas formas de financiación.

Ante esta situación cabe preguntarse si hay manos suficientes para mantener a una sociedad tan envejecida y si hay sistema sociosanitario y de pensiones que nos ampare y proteja.

El Estado del Bienestar se tambalea, las presiones demográficas y fiscales y sobre todo la incompetencia e irresponsabilidad oficial ponen en duda la sostenibilidad del sistema que habíamos heredado fruto del trabajo de nuestros antepasados y no caído del cielo como algunos catetos insensatos de nuestros dirigentes creen.

La sanidad, los servicios sociales y la Seguridad Social están en quiebra y los impuestos no son la solución, sino el problema. La solución estaría en que el Estado dejara de entrometerse y devolviera a la ciudadanía el protagonismo de su vida, que pueda vivir con su dinero y de su dinero en lugar de tener que entregárselo a un Estado en el que sus caudillos y monaguillos se lo fuman en su nefasta gestión delirante o en la apropiación indebida, acabando siempre en bancarrota y llevándonos a la ruina.

Los gobiernos ya no pueden solos con sus mayores y dependientes, y las medidas a tomar son ineludibles para afrontar los retos del envejecimiento, pero está claro que la solución no puede ser el abandono sino la creación de nuevos espacios público-privados.

El Estado tiene que invertir más en sus mayores, adaptando los sistemas de salud y los servicios sociales a la nueva realidad y en especial en la asistencia a los enfermos crónicos por las dificultades del sistema para hacerse cargo de ellos.

El uso de estos servicios ha de ser público pero su gestión debería ser privada, porque ha demostrado ser más eficiente, más barata y de mejor calidad.

El envejecimiento es una oportunidad para la inversión social porque nos permite crear empleo e implantar una sociedad mas justa e igual. Por cada millón de euros invertidos, se generan 35 puestos de trabajo estables y un 35% de la suma destinada a servicios sociosanitarios revierte a su vez en las arcas del Estado.

Una sociedad envejecida supone un desafío para la gobernanza que tienen que poner en marcha medidas urgentes que garanticen la participación de las personas mayores en la sociedad, la asistencia sociosanitaria y un sistema de seguridad social digno y equitativo, evitando su discriminación.

Esto va a suponer serias negociaciones políticas y no científicas entre generaciones para distribuir los recursos, por tanto, el futuro del envejecimiento va a depender sustancialmente de alcanzar un consenso político.

Ante el envejecimiento de la población es ineludible encontrar un equilibrio sólido entre los ingresos y el gasto público previsto, que garantice la sostenibilidad de las finanzas, los servicios públicos y el sistema de pensiones.

Nuestros indecentes e incompetentes dirigentes y sus satélites nos dicen que dada la situación de crisis económica (que ellos provocaron) es inexorable el recorte y el copago de los servicios con el pretexto de avalarlos y algunos de estos pendejos piensan aunque no lo digan, que para garantizar el futuro de las míseras pensiones existentes habría que hacerlas coincidir con la fecha del fallecimiento del pensionista, aplicando así la teoría de la evolución del «soma desechable» que consiste en librarse de los mayores, indigentes y dependientes de la forma mas barata posible para así poder cuadrar las cuentas.

La ciudadanía alarmada se pregunta y con razón porqué tanta austeridad, desigualdad, ajuste y recorte para los gobernados y no para los codiciosos sinvergüenzas y cantamañanas de gobernantes de este Estado de taifas, sobredimensionado e ineficiente, lleno parásitos sociales que no deja de gastar llevándonos a un déficit publico insostenible a una deuda pública inmensa e impagable y que en vez de ayudar al ciudadano, lo expolia y desalienta.

En España se ha comenzado a desmantelar el Estado del Bienestar antes de implantarlo y para salvaguardar lo poco que queda de él sería preciso realizar una profunda reforma de las administraciones y organismos públicos para que funcionen como empresas, suprimiendo la mitad de los ‘chiringuitos’ existentes pues no sirven para nada y reduciendo el número de políticos así como de empleados públicos en mas de un 60% puesto que la gran mayoría de ellos han entrado a «dedo» y los que continuasen tendrían que profesionalizarse, cobrar la mitad y trabajar como en el sector privado para que fuesen rentables, pues de todos es sabido que nuestros deshonestos representantes y sus acólitos además de haber fragmentado, empeñado y arruinado al país han sumido a la ciudadanía en una crisis económica y moral sin precedentes.

Abogar por la imprescindible regeneración democrática y de la vida pública es posible, además de ser una obligación moral. Necesitamos gestores éticos y profesionales competentes, que abandonen de una vez por todas las prácticas del despilfarro y que destierren para siempre la cultura de la corrupción y de la impunidad. Esto supondrá poner fecha de caducidad a una parte importante de la clase política y empezar de cero para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones y en los partidos políticos.