Reformar el Estatuto, vivir en Marte

S igue habiendo políticos que, siendo de este mundo —lo son porque además los hemos colocado con nuestro voto en las instituciones— parecen vivir en otro. En ocasiones recuerdan al famoso pianista del Titanic , que seguía tocando como si nada mientras el transatlántico se hundía sin remedio en las gélidas aguas del Atlántico Norte.

Viene ello a cuento de la ‘hoja de ruta’ anunciada hace unos días por el presidente de la Junta de Castilla y León, que incluye como asunto prioritario una nueva reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Es imprescindible dicha reforma para atajar los graves y endémicos problemas estructurales que aquejan a esta comunidad autónoma? No lo parece. Al contrario: cualquier tiempo y esfuerzo dedicado a esa empresa es restarlo a tratar de solucionar los problemas antes aludidos, que no son pocos, y van desde la lacerante sangría demográfica a los desequilibrios territoriales internos pasando por la falta de un modelo productivo que ponga en valor los recursos y potencialidades que encierran Castilla y León.

En el año 2007 el PP y el PSOE se empeñaron en reformar el Estatuto sin que hiciera ninguna falta. Nada justificaba esa necesidad, salvo la incorporación de una nueva competencia apetecida por la Junta, cual era la gestión de la cuenca del Duero. El resto del contenido —por ejemplo, la creación de la renta garantizada de ciudadanía o la elevación del dialogo social a rango de ley— no precisaban del complejo proceso legislativo que requiere una reforma estatutaria. No era necesaria, pero se realizó. Y además se presentó poco menos que como la panacea con la que Castilla y León abandonaban el furgón de cola para convertirse en una autonomía de primera.

El tiempo no tardó en desmontar aquella ilusión óptica. Enseguida llegó el Tribunal Constitucional y, cual tío Paco con las rebajas, echó abajo la pretendida transferencia hidrográfica, dejando la reforma en agua de borrajas. Y después vino un nuevo modelo de financiación autonómica que ignoró por completo los principios que supuestamente iban a garantizar la suficiencia financiera de la comunidad.

Ocho años después vuelve la matraca de reformar el Estatuto. Ahora so pretexto de profundizar en la «regeneración democrática». Otra falacia. Puesto que no se contempla modificar la composición y el sistema de elección de las Cortes, el único aspecto que requiere esa reforma es el referente al aforamiento de los procuradores. Todo lo demás, limitación de mandatos, incompatibilidades, etc. se puede regular sin necesidad de abrir otra vez ese melón. Pensar que esa es la prioridad de Castilla y León equivale a vivir en Marte.