EDITORIAL: Demasiado tiempo de inacción por la interinidad política

Es cierto que, pese a haber un Gobierno en funciones, los hospitales, los colegios y los servicios públicos en general siguen funcionando con normalidad porque lo posibilita el hecho de tener unos presupuestos anuales aprobados. Su tarea es la de mantener, ya que no puede legislar. El problema es que el bloqueo de la actividad política impide de hecho no sólo poner en marcha nuevos proyectos, sino avanzar en los que estaban en desarrollo. En la provincia hay en estos momentos algunas cuestiones de primer orden que llevan meses congeladas, como las integraciones ferroviarias de Renfe y Feve, la resolución sobre el centro de control de tráfico y los talleres ferroviarios, los proyectos de las autovías A-60 y A-76, la Ciuden y su plan para la oxicombustión, las reformas del Hostal de San Marcos y el teatro Emperador, el uso de la Ciudad del Mayor, la construcción de la sede del INSS, que ya en su tercer modificado de proyecto sigue sin ser adjudicada, etcétera. Pese a la insistencia desde el Gobierno de que nada se paraliza, lo cierto es que la licitación de obra pública por parte del Estado se desplomó en los primeros meses del año un 69% sobre el anterior, con mayor incidencia en Fomento (77%) y Agricultura (79%).

Esa paralización de funciones, que de hecho se da, que va más allá de la sensación de la ciudadanía y que tiene importantes alcances legales, es contraria a la norma constitucional de servicio a la sociedad. Y el problema es que este estado de acomodada interinidad, que es el resultado de la incapacidad política para alcanzar un acuerdo y de la más absoluta falta de responsabilidad de los líderes de los partidos, se alargará sin duda no sólo hasta la vuelta obligada de los españoles a las urnas el último domingo de junio, sino al menos hasta el final del verano en una situación realmente insólita en este país y cuyas consecuencias están por ver.