EDITORIAL: Archivo judicial en las anestesias de difícil comprensión
El caso de los anestesistas de la clínica Otazu que presuntamente cometían irregularidades al documentar las operaciones realizadas ha recibido un archivo provisional por parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de León. Probablemente la decisión incluya las necesarias fundamentaciones jurídicas para dar este paso, pero desde un punto de vista social tiene difícil comprensión el hecho de que cuando un anestesista denuncia que su nombre se empleó en intervenciones en las que no tomó parte. Y todo ello cuando se presuponía que la derivación de operaciones hacia la sanidad privada se realizaba para combatir el problema de las listas de espera pero sin que fuese posible el uso de personal de la pública.
Entre las argumentaciones empleadas ahora para intentar enviar el caso a los cajones figura la posibilidad de que el jefe del servicio de anestesia del Hospital de León no deba ser considerado como un funcionario y se hace de manera clara: «Partiendo de la premisa de que habrían sido cometidas por particular —y no por funcionario público—...».
La Justicia tiene sus tiempos y sus argumentaciones pero no siempre encajan con lo que espera la ciudadanía. Parece evidente que una intervención quirúrgica es un asunto lo suficientemente importante como para exigir que la documentación esté totalmente en regla. Al menos porque se pueden derivar responsabilidades en las que no es entendible que existan dudas sobre las autorías e incluso como en este caso que figuren nombres de personas distintas a las que estuvieron en el quirófano.
