Inseguridad en el alfoz

E n este mismo periódico, a primeros del presente mes de junio, un alcalde del alfoz de León que abarca cuatro pueblos (Sariegos, Azadinos, Pobladura y Carbajal), denunciaba las carencias del municipio en materia de seguridad, con poblaciones situadas a unos diez minutos del centro de la ciudad. Reconocía y agradecía, asimismo, los desvelos de la Benemérita, entidad que, aun su conocida y reconocida profesionalidad y por muy buena voluntad que aporte, no cuenta con suficientes medios para cubrir la seguridad de muchos miles de ciudadanos. Urgía también el señor Llamazares, una reunión con la Subdelegación del Gobierno para tratar de la nueva oleada de robos y destrozos domésticos impunes, «que ponen en emergencia al municipio». Personalmente asumo en todos sus puntos la justa y exigible reivindicación.

Y, me pregunto: ¿cuál es uno de los motivos de la flagrante indefensión vecinal? ¿Por qué no cuentan con Cuerpos de Seguridad propios, in situ? La respuesta, según dicen algunos, parece ser simple: porque el Ayuntamiento acaba de alcanzar o está punto, los 5.000 habitantes ‘oficiales’ exigidos por la normativa para poder contar con Policía Local. Si ésa es la razón, no me sirve. ¿Cuántos agentes de Policía Local corresponden a un Ayuntamiento de cuatro poblaciones con un censo de 5.000 habitantes? Hay que abundar en que los propietarios de viviendas en urbanizaciones suman miles de personas en cientos de casas unifamiliares o adosadas, pero muchos continúan empadronados en la capital. Se han olvidado hacerlo en donde corresponde: en este caso, el Ayuntamiento en el que se habita. En otro extremo se deberían considerar los beneficios económicos que, vía Estado, supondrían tales inscripciones, y consiguiente aumento de ingresos e inversiones.

Y, si la indefensión atrae a la delincuencia, se propicia la puesta en marcha de numerosas empresas que, por distintos medios, (folletos, representantes, comisionistas, etc.), ofertan Seguridad a las urbanizaciones; unas aconsejan las llamadas «cámaras de seguridad» que, más bien deberían denominarse cámaras de ‘observación’, pues el único servicio ofertado (por el módico precio de 6 a 9.000 euros), es la grabación continua y automática de distintos puntos de aquellas. Una vez llevado a cabo el estropicio, se entregan los discos a la Policía con el objeto de que intente identificar a los invasores. El problema es que suelen ir encapuchados o, antes de entrar en el recinto, han tapado o destrozado los objetivos acechadores y mudos. Otra materia conflictiva puede transformarse en pregunta: ¿Quién custodia los discos de grabación? ¿Un vecino? Y aquí entramos en la discutida e incluso judicializada Privacidad. La intimidad es un derecho al que hay que tener el respeto que merece el legítimo valor.

Según mi experiencia en varias ocasiones (digo varias), los métodos de defensión más eficaces, son aquellos en los que vía telefónica de la empresa concesionaria del servicio, después de detectado informática y volumétricamente el intento, interviene la Policía. En 12-14 minutos comprobé la presencia de las Fuerzas de Seguridad y consiguiente detención de los asaltantes en el mismo lugar que se intentaba expoliar. Eso se llama eficacia.

Recuerdo ahora cuando llegó la moda de las puertas «blindadas» en la entrada de los pisos-vivienda; moda casi social que, como sabemos, no cumplió las expectativas. Los cacos van por delante de las empresas en cuanto a técnica se refiere, por muy sofisticada que sea.

Hay quienes defienden que las cámaras de ‘seguridad’ pueden ser disuasorias. Pies en la tierra: al profesional del pillaje, no le disuade ni un par de agresivos Rottweiler. Hay pruebas diarias.