EDITORIAL: Inversiones Sociales Prioritarias: un plan necesario, ambicioso y sensato

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias que se desarrollará hasta el año 2020 con una inversión mínima de 728 millones de euros. Es la respuesta concreta al compromiso del propio presidente en el debate de investidura en el sentido de realizar un gran esfuerzo presupuestario en Castilla y León —inicialmente se habían previsto 600 millones—con el objetivo de mejorar las prestaciones de los grandes servicios públicos en áreas esenciales.

El desarrollo de este ambicioso plan implica una buena planificación de las infraestructuras y de los equipamientos de carácter sanitario, educativo y social, así como el establecimiento —y el compromiso de disposición— de los recursos presupuestarios necesarios para conseguir los objetivos establecidos en esas tres áreas, que son de gran interés para la ciudadanía. Lógicamente, Sanidad asume la mayor parte de ese presupuesto, casi 477 millones, con más de 214 como asignación para Educación y 37 para Servicios Sociales. La pormenorización por años de las inversiones, que garantizará un dinero mínimo, y la adaptación precisa a las necesidades o urgencias que puedan surgir desde una gestión de máxima proximidad territorial serán claves para el éxito del programa. En ese sentido la exigencia del detalle es fundamental sobre todo en el campo de la sanidad en una comunidad autónoma de gran complejidad en la gestión de nada menos que 247 centros de salud y 3.652 consultorios locales, de los que más de 1.400 están ubicados en municipios de cincuenta o menos habitantes. Modernizar las infraestructuras, garantizar la conservación y adquirir y renovar el equipamiento posibilitarán una atención de mayor calidad, cada día más sujeta a la conexión rápida y fiable y la informática en aspectos como el desarrollo de la historia clínica electrónica o la implantación de la receta electrónica.

Lo mismo ocurre en Educación: la conexión a Internet por banda ancha ultrarrápida debe ser también capital en las prioridades que se establezcan en cuanto a equipamientos para centros escolares y universidades, para las que se reserva una partida de 46 millones de euros.

En cuanto a servicios sociales, esos 37 millones deberán garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Diálogo Social para la reconversión y creación de plazas para personas dependientes, pero también atender a las necesidades en residencias y centros de día para mayores, centros de atención a personas con discapacidad y accesibilidad y dignificación de espacios. Se trata, en fin, de un plan ambicioso, pero también sensato y cabal, que deberá traducir ese gran esfuerzo presupuestario en mejoras apreciables en la prestación de los grandes servicios públicos y que nace con un primer aval de gran valor: la fuerza que supone contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos representados en las Cortes.