Impunidad política

U na de las primeras iniciativas en esta todavía incierta legislatura ha sido la reclamación por el secretario general del PSOE de la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas «actividades conspiratorias» del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la actuación de su «policía política» en el Ministerio del Interior desde 2012 para «tapar escándalos del PP e investigar además a sus rivales políticos». Se han divulgado grabaciones de una inefable entrevista entre el ministro y el ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso, en que se pasaba revista con brutal ligereza a una serie de investigaciones de independentistas concretos con el claro objetivo de hacer descarrilar la operación soberanista en marcha. Para ello, se habría creado una especie de policía patriótica y se habría recurrido a investigaciones de agentes ajenos a las propias fuerzas de seguridad. El caso es gravísimo, aunque la Fiscalía Anticorrupción no haya creído pertinente investigar al ministro y aunque haya que escrutar como es lógico el origen de las grabaciones ilegales, que dejan además en ridículo a Interior.

Si ha habido o no delito en estas actuaciones es algo que deberá discernir la Justicia por los cauces procesales habilitados al efecto. Pero en todo caso, con independencia de la trascendencia penal de estas conductas, es claro que resultan políticamente inaceptables y que son del todo descalificantes. Porque, además, es imposible desvincular esas prácticas de la publicación, en los momentos álgidos del proceso separatista, de numerosos informes policiales sin firma que efectuaban imputaciones a menudo falsas contra personalidades de la política catalana que no se han corrompido (a diferencia de otros que sí lo han hecho, y cuya culpa parece mitigarse en cuanto surgen infundios que señalan a quienes no lo merecen). Pues bien: la comisión que reclaman los socialistas ya cuenta con 178 votos: los de PSOE, Podemos, CDC, ERC y PNV. El fin del bipartidismo imperfecto y el surgimiento de nuevas opciones en un franco pluripartidismo indican que los tiempos han cambiado. El Parlamento debe tutelar su propio crédito político estimulando su capacidad de regeneración interna. Porque la corrupción no es sólo delinquir contra el erario público sino también malversar el poder que los ciudadanos depositan en sus representantes. Algo que parece haberse hecho a mansalva en el caso que nos ocupa.