EDITORIAL: La protección del Camino exige el esfuerzo de todos
El Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos por cuyos municipios transcurre el Camino de Santiago, en buena medida correspondientes a la provincia, a que desarrollen planes especiales de protección como marca la Ley de Patrimonio. Catorce años después de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 75 de los 82 municipios por los que transcurre el itinerario jacobeo carecen de esa planificación. Y la razón es bien sencilla: no disponen de medios económicos y personales, razón que los obliga a descuidar la atención de los servicios básicos, sin que por el momento tampoco hayan sido atendidas sus peticiones de ayuda a las administraciones, en particular a las diputaciones provinciales, para poder aprobar los planeamientos que exige la normativa y, al mismo tiempo, la elaboración de un plan de ámbito autonómico. Mientras en el caso de la comunidad autónoma se dirimen las competencias entre las consejerías de Cultura y Turismo —que dio el primer paso al anunciar su intención de convocar líneas de subvención para municipios de menos de 20.000 habitantes— y de Fomento y Medio Ambiente, otras como Galicia ya disponen de instrumentos de ámbito superior al municipal recogidos en plan estratégico que tiene su horizonte de actuación hasta 2021, próximo año jacobeo.
El Camino de Santiago es un bien patrimonial con proyección universal para el que la ley exige un planeamiento municipal que no sólo es muy incompleto, sino que todo indica que las carencias se mantendrán en el tiempo. Parece necesaria, pues, una planificación autonómica que imponga unos criterios comunes de protección e intervención dirigidas a un tratamiento integrado, uniforme y homogéneo. Pero para ello es imprescindible un mínimo de coordinación, dentro del territorio autonómico y en relación con las otras comunidades, para dar respuesta a las carencias y salvar los obstáculos económicos, técnicos y de cualquier tipo que dificulten la protección tal y como exige la ley.