Un año sin leyes
L La legiferación es una excrecencia natural del alma española». Wenceslao Fernández Flórez.
Se han cumplido ya 300 días desde que Rajoy disolvió las Cortes para convocar las elecciones del 20 de diciembre de 2015, al término natural de una legislatura de cuatro años. Y no se ha promulgado ley alguna desde el 20 de octubre de 2015, cuando se aprobó la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Durante la presidencia de Mariano Rajoy —la X Legislatura de la etapa democrática—, se publicaron en el BOE 244 leyes, de las que 75 tienen su origen en decretos-leyes aprobados por el consejo de ministros, al margen del procedimiento legislativo ordinario. El bagaje legislativo es en todo caso alto porque en la IX Legislatura, de sólo tres años, se aprobaron 197 leyes y en la VIII, primera de Zapatero, 219.
En definitiva, en este año de vacío legislativo, nos hemos ahorrado entre 50 y 60 leyes, al ritmo de las legislaturas anteriores. Y es muy difícil afirmar que con esta parálisis se haya frustrado una gran demanda social de reformas. Incluso si se eleva el tono del debate y se entra en el terreno de las percepciones intelectuales, no sería fácil aseverar que hemos paralizado el proceso de modernización de este país.
Si se hurga en el campo de lo subjetivo, es probable que se encuentre incluso una sobreabundancia de sensaciones de alivio ante este respiro que en la práctica ha puesto coto a una febril afición de los gobernantes a dejar su impronta personal no sólo en la gestión de lo cotidiano sino en el terreno normativo. Los grandes corpus legislativos han de tener vocación de durabilidad, y ser objeto de cambios solo de tarde en tarde, cuando se genera un nuevo consenso sobre la necesidad de proceder a una actualización, como sucede hoy —por ejemplo— con la propia Constitución española. Es, en definitiva, absurdo que cada ministro de Educación, o de cualquier otra especialidad, se sienta frustrado si no deja tras de sí una nueva legislación integral sobre su especialidad.
Y al propio tiempo que se reduce el número de normas que deba tramitar el parlamento, conviene mejorar la calidad de las mismas, llamando a capítulo a los grandes especialistas en cada materia para que asesoren a los parlamentarios. Porque nuestra diarrea legislativa de los últimos años no sólo nos ha abrumado cuantitativamente sino que ha generado normas de mala calidad, que han empeorado los procesos de avance en lugar de perfeccionarlos.