Más inspecciones para combatir el fraude y el empleo sumergido
La Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó más de 5.000 empleos irregulares en Castilla y León y, en el marco del programa de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Consejería de Empleo, prevé realizar a lo largo del próximo más de 42.400 actuaciones, lo que supone un incremento del 70%, dentro del Programa Territorial Integrado de Objetivos para la Acción Inspectora. Su labor es fundamental si se tiene en cuenta que desde el año 2012 afloraron en Castilla y León 25.313 empleos sumergidos. El trabajador sumergido en nuestro país tiene un doble perfil: el de un desempleado de larga duración y el de una persona joven que percibe al menos una parte de su salario en negro. En España, alrededor de 1,8 millones de personas forman parte de esa bolsa y su actividad supone el 11% del PIB.
Recientemente, el Consejo Empresarial para la Competitividad planteaba una transformación radical de la economía española que se basaría en la productividad, la educación y la competitividad y que permitiría aflorar, como mínimo, 827.000 empleos de aquí a 2018 y la creación de 2,3 millones de empleos en cuatro años para recortar la tasa de paro hasta el 14,2%.
La planificación de la inspección de trabajo debe priorizar la búsqueda de la calidad en el empleo en ámbitos como el de la erradicación del empleo sumergido o irregular, el control del fraude en la contratación temporal y en el contrato a tiempo parcial, pero también la firmeza en el control de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de promover la seguridad y salud de los trabajadores. Y, por supuesto, la dotación de instrumentos legales, recursos humanos y medios operativos de la inspección, ampliando y haciendo más efectivas las actuaciones inspectoras y los resultados desde la de la coordinación de las administraciones públicas implicadas.