De perlas y oportunismos
L as entrevistas radiofónicas de Carlos Alsina a Mariano Rajoy se han convertido ya en un clásico. Siempre dejan unas cuantas perlas con denominación de origen rajoniana. En esta ocasión ha dado mucho juego la de encomendarse a que llueva para moderar el disparatado precio de la luz, lo que viene a situarnos al nivel de las rogativas labriegas a San Isidro. Mariano se mimetiza con el paisaje con una facilidad pasmosa.
Con todo, a mi juicio lo más llamativo de la entrevista es que el presidente del Gobierno anuncie que hasta finales de marzo no tiene previsto presentar al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Creo recordar que la carencia de nuevos Presupuestos —los vigentes son los de 2015, obligatoriamente prorrogados— fue un gran caballo de batalla del PP para urgir la investidura de Rajoy. Y ciertamente era un argumento de peso, ya que mantener prorrogadas las cuentas del Estado por segundo año consecutivo no era lo más adecuado para consolidar la incipiente recuperación económica.
El caso es que la investidura se produjo el pasado 29 de octubre, esto es, hace ya tres meses, periodo razonable para que un ministro como Cristóbal Montoro, que lleva cinco años en el cargo, pudiera haber elaborado un nuevo Proyecto Presupuestario. Y ni rastro del mismo. La situación se ha trampeado con la aprobación del techo de gasto, apoyado por el grupo socialista a cambio de meter en el paquete la subida del 8 por ciento del salario mínimo.
Está claro que Rajoy no está dispuesto a hacer las concesiones políticas necesarias para que los nuevos Presupuestos obtengan el suficiente respaldo parlamentario. Y no tiene ninguna prisa, ya que el calendario avanza a su favor, y a finales de mayo estará facultado para disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones generales. Si para entonces la oposición no ha transigido con su proyecto presupuestario, caerá sobre ella la espada de Damocles de dicho adelanto. Esa es la estrategia diseñada desde La Moncloa.
La falta de nuevos Presupuestos del Estado no ha sido óbice para que la mayoría de las comunidades autónomas hayan aprobado los suyos o estén en fase de hacerlo. Todas menos una, Castilla y León, en la que la Junta ha prorrogado «sine die» los de 2016, sin que a fecha de hoy ni siquiera haya presentado el nuevo techo de gasto, que suele aprobarse en el mes de septiembre. Las razones son igualmente de puro oportunismo político. La Junta cree estar ganando tiempo, al seguir gobernando sin necesidad de someter sus cuentas al escrutinio parlamentario. El problema es que el tiempo que cree ganar la Junta lo está perdiendo la comunidad, privada de un impulso presupuestario imprescindible para salir de su atonía. Los intereses son claramente contrapuestos.