EDITORIAL | Cambio dañino sin explicación para los investigadores
Un cambio de normativa puesto en marcha por la Dirección General de Empleo convierte a 20 investigadores de la Universidad de León en becarios. Desde los sindicatos se reclaman explicaciones porque la variación supone mermas en su situación laboral sin que queden claras cuáles fueron las razones para esta reforma que tiene ahora efectos reales.
El cambio altera la codificación laboral de los contratos de estas personas, que hasta ahora se acogían al 401 —con una vinculación por obra y servicio y que son trasladadas al 420, el de contratos en prácticas. La medida afecta directamente a un personal de alto nivel de cualificación, al que incluso se podría aplicar con carácter retroactivo, para todos los proyectos predoctorales firmados desde 2014.
Los sindicatos critican que la variación decretada por el Gobierno supone una alteración en los contratos —ahora tendrán un máximo de dos años frente a los de cuatro que se aplicaban con anterioridad— y se merman derechos ya que con la fórmula antigua existía el cobro de una indemnización final que desaparece de manera automática con la situación laboral de prácticas.
La queja, que debería ser atendida por el Gobierno, incluye la posibilidad de que todo esto sea ilegal, ya que no parece asumible que se altere de una manera tan drástica un documento laboral que ya está en vigor.
Los contratos actuales son utilizados para investigadores muy cualificados a los que de nuevo parece que se les invita a buscarse el futuro lejos de España.
