Dejen en paz a la justicia

N o es exagerado decir que el régimen político ha sobrevivido a ciertas amenazas gracias a la Justicia, que ha sido capaz de mantener algunos de los grandes equilibrios en momentos en que los restantes poderes aparecían desarbolados.

El papel del entramado judicial en la lucha contra el terrorismo fue ejemplar y contribuyó sin duda a la erradicación de aquella lacra, pero el poder judicial ha brillado sobre todo en la batalla contra la corrupción, frente una decadencia ética en que aparecieron con gravísimas responsabilidades los partidos políticos y las organizaciones sociales.

En general, casi sin excepciones, la corporación de los jueces y los fiscales se ha ganado el respeto y la gratitud de la mayor parte de la ciudadanía porque todos tenemos la evidencia de que, pese a unas cadencias demasiado lentas a causa de la falta de medios materiales y humanos, la Justicia ha ido sancionando con rigor las actitudes intolerables de un conjunto de desaprensivos que han abusado de su posición y se han apoderado ilegítimamente de recursos públicos.

Es claro que estos jueces y fiscales han tenido que soportar presiones de todas clases, que han resistido en casi todos los casos con gran dignidad, pero también es cierto que la propia opinión pública les ha protegido, por lo que entre todos hemos hecho posible defender su independencia.

Por eso resulta ahora inquietante la aparición de algunas injerencias que, como mínimo, son impertinentes. No todo lo legal es políticamente adecuado, y resulta indudable que cuando un fiscal tiene la gallardía de mantener una posición incómoda para el poder político, su superior debe apuntalarle y no reemplazarle porque el mensaje que lanza a la opinión pública tal sustitución es inaceptable.

Es, además, muy grave que mientras se produce este cambio —y algún otro tampoco fácil de entender— el ministro de Justicia ratifique su propuesta de modificar el enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales y nos los jueces quienes instruyan los procesos. ¿Acaso se pretende llevar la discrecionalidad de que hoy goza la fiscalía en sus nombramientos también al terreno de quién ha de ser investigado y quién no? Porque en los países en que rige ese modelo, en el que el fiscal general es de hecho un miembro del Gobierno, la separación de poderes depende de la delicadeza democrática de los actores, y en nuestro caso este ingrediente no parece abundar.

De momento, los grandes procesos sobre la corrupción siguen su marcha, y algunos de ellos con una premiosidad inquietante (los del ‘caso Pujol’, en concreto). Tendremos que estar todos vigilantes para que los jueces no encuentren nuevos obstáculos en esta procelosa andadura.