Los nuestros

J esús Gómez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, advirtió a Esperanza Aguirre en dos ocasiones de que Ignacio González, ahora en la cárcel por la operación Lezo, tenía una cuenta en Suiza. Pero Aguirre se fió más de su protegido que del denunciante, quizás porque González «era muy convincente, sabía mentir con naturalidad», dijo en una entrevista. Pero la cosa no queda ahí. Afirma este diputado que también se lo contó en reiteradas ocasiones a Carlos Floriano y a Juan Carlos Vera, entonces con responsabilidades en el PP nacional. El testimonio ilustra una realidad tremenda. No es que el PP ignorara los indicios sobre Ignacio González sino que cuando le transmitieron los indicios los ignoró. Que parece lo mismo pero es justamente lo contrario. Y esa respuesta blanda respecto al potencial delincuente es lo que hace que, cuando el individuo se convierte en presunto delincuente cuando un juez le manda a prisión, la responsabilidad política caiga inexorablemente sobre ti como un alud. Pero esa responsabilidad no puede quedar en Esperanza Aguirre por su ineptitud al elegir y vigilar a sus elegidos. La operación Lezo nos está proporcionando otros detalles muy inquietantes. Como que el juez instructor ordenara instalar un micrófono en el despacho de Ignacio González para sortear las precauciones que estaban tomando los investigados, avisados «desde el primer minuto por filtraciones», chivatos bien informados, para entendernos. Y se desveló un SMS que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, envió al ya investigado González el pasado día 3 de noviembre con un «ojalá se cierren pronto los líos». Dicen en el Ministerio de Justicia que el mensaje se refería a «los líos» de la política, en general.

Así que es normal que se extienda la sensación entre la ciudadanía de que existen vasos comunicantes entre los actuales responsables de Justicia e Interior y los presuntos delincuentes. Y esto ya resulta tan insoportable como que el partido gobernante, que dice ser el paradigma de la lucha contra la corrupción, se dedique a destruir a martillazos discos duros con potenciales pruebas judiciales. Porque sólo cabe imaginar una cosa peor que ser robados y es que quienes tienen que protegernos de los ladrones se dediquen a colocarlos en una lista electoral, a mantenerlos y protegerlos en las instituciones a pesar de los indicios, o a darles chivatazos o cariñitos cuando la investigación judicial ya los tiene por presuntos delincuentes.