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EL CORRO PEDRO VICENTE
León

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L os 18 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega acaba de donar a la Junta de Castilla y León para la adquisición de tecnología destinada a la lucha contra el cáncer producen sin duda sensaciones encontradas. Más allá de los beneficios tributarios y de imagen que este tipo de altruismo reportan a los donantes, hay que felicitarse de que los servicios oncológicos del Sacyl dispongan de mayores medios para diagnosticar y tratar la enfermedad. La otra forma de verlo es que no deja de ser triste que, a estas alturas del Estado del Bienestar Social, la Sanidad Pública española no disponga por sí misma de los máximos avances tecnológicos contra el cáncer.

De esto último da idea la frustración que el destino de los nuevos equipos financiados con dicha donación ha producido en algunas provincias de esta comunidad que llevan años suspirando por unos aceleradores lineales que eviten los penosos desplazamientos a que se ven obligados los enfermos para recibir radioterapia en los hospitales dotados de dicho servicio. Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Ponferrada dispondrán de nuevos mamógrafos digitales, pero sus enfermos oncológicos seguirán con su peregrinaje hasta el acelerador más próximo. La consejería argumenta que no se trata de que falte dinero para implantarlos, sino de un criterio científico basado en la insuficiente masa crítica de usuarios, pero la asistencia de este mismo servicio en el hospital de Zamora cuestiona ese argumento.

Aunque hay carencias generalizadas, es un hecho que la asistencia sanitaria no mantiene una calidad homogénea en el conjunto de la comunidad autónoma. Y no hablo de las diferencias entre el medio rural y el ámbito urbano. Las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las diagnósticas, así lo ponen de manifiesto, como pueden dar fe los sufridos pacientes del hospital comarcal del Bierzo. Los drásticos recortes aplicados durante los años de plomo de la crisis han producido una descompensación en las plantillas que ahora está resultando muy difícil de subsanar.

La proliferación de las mareas blancas y el creciente malestar de los colectivos profesionales indican que la gestión sanitaria dista mucho de ser tan satisfactoria como pretenden los barómetros y encuestas oficiales. Y no tanto ya por la escasez de recursos humanos y económicos, sino por una alarmante falta de planificación, que obliga a continuos parcheos. Un modelo de gestión que, al tiempo que despilfarra en interminables obras hospitalarias o en el oneroso modelo del Hospital de Burgos, antepone criterios economicistas a los de eficiencia social. Y todo ello sin el mínimo e imprescindible consenso con la comunidad sanitaria.

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