EDITORIAL: La Audiencia Nacional, impotente ante el ‘limbo’ de los millones dados al carbón

La minería del carbón ha recibido subvenciones millonarias desde hace décadas pero parece que en contra de lo que sería razonable y exigible, que existiese un riguroso control sobre el dinero público, todo se ha realizado con una ausencia injustificable de controles. Así lo asegura, al menos, la Audiencia Nacional, que considera imposible investigar si las principales compañías mineras han cometido fraudes porque no existen datos fiables sobre cuáles han sido las extracciones, las ventas y las importaciones de carbón, ya que las cifras por las que se ha guiado el Estado han sido estimativas e incluso «el margen de tolerancia ha llegado a extremos del 35% sobre la producción a subvencionar». Este ‘limbo’ lo explica la Fiscalía exhibiendo su sorpresa en «el hecho de que los diversos datos existentes sobre el carbón producido, el enviado a las térmicas, el importado vía puerto así como el que se comunica al Instituto del Carbón no se cruzan ni se verifican entre las diversas administraciones públicas». El procedimiento tramitado desde un Juzgado de Ponferrada por la denuncia contra cinco compañías y doce empresarios, por las ayudas pagadas entre 2007 y 2012, queda así en un archivo provisional que evidencia que algo se ha hecho con una irresponsabilidad inadmisible si ni siquiera la Justicia se ve capaz de aclarar unas cuentas que tampoco han servido para mantener viva la minería. Y además el caso se zanja sin que en realidad se haya probado nada contra las empresas y con todo un sector que sí pagaron su ‘pena de telediario’ al anunciarse la demanda en 2013.