Acumulación por despojo

H ay una moneda de dos caras, tan profundamente ligadas entre sí que una crece a costa de la otra. Una de las caras es la acumulación, la otra cara, consecuencia de la primera, es la desposesión o despojo.

La acumulación de riqueza conlleva acumulación de poder político y poder económico, y también su consecuencia, el empobrecimiento y sumisión de otros. Uno de los procesos de mayor acumulación económica se está produciendo con las reestructuraciones bancarias, en gran parte con el salvataje a costa de dinero público, tras la tan traída y llevada «crisis», que realmente ha sido un saqueo para las arcas públicas.

El último ejemplo, por ahora, es la intervención del banco popular por el BCE y su venta al banco Santander por 1 euro. Es una más de las muchas que se han hecho. Pero esta ha sido más sorprendente si cabe, pues hace un año sus test de estrés certificaban su buena salud. ¡Asombroso!

Pero no quiero centrarme en esta intervención y venta, sino en los procesos de acumulación económica y de poder político que toda la reestructuración bancaria ha supuesto. Porque ¿no se haría con este objetivo? La acumulación de poder económico y político es peligrosa en una democracia, pues implica la capacidad de concentrar en unas pocas manos el establecer las reglas, mandar y decidir sobre lo común y lo social.

Pero, además, la acumulación en este caso en el caso bancario, tiene efectos colaterales en nuestra provincia. Estamos viendo cómo se cierran continuamente oficinas bancarias, tanto en ciudades como en municipios pequeños. El cierre de oficinas en las zonas rurales implica no solo pérdida de servicios, sino su desaparición en muchos casos, obligando a sus usuarios a desplazarse a otras localidades para hacer trámites bancarios. Además, ya no queda ni el recurso de pasarte a competencia ya que la concentración del sector está creando oligopolios, donde ya no tienes más que elegir. En el 48% de los municipios de España en los que vive un 2,4% de la población, no hay ninguna oficina bancaria. En Castilla y León el 15% de la población ya no dispone de una sucursal de una entidad bancaria en su localidad. Sin olvidar que estos procesos de reestructuración bancaria implican miles de despidos. 80.000 trabajadores despedidos es lo que, hasta principios de 2017 había calculado el sindicato UGT.

La UE tiene el objetivo de reestructurar la banca, en palabras de Mario Draghi «hay demasiados bancos», o traducido al castellano: hay demasiados trabajadores y trabajadoras en este sector. ¿Realmente les importa el desempleo, los ciudadanos y ciudadanas que pierden su empleo o solo lo el capital? Porque cuando el presidente del Banco Central Europeo insiste en que «el exceso de capacidad en algunos sectores bancarios nacionales, y el intenso nivel de competencia resultante, está exacerbando el estrechamiento de los márgenes», en realidad parece que es éste el objetivo fundamental: que no se reduzcan los beneficios y para ello hay que eliminar competidores. Volvemos a la tasa de ganancia de los accionistas.

¿Estas políticas capitalistas de competencia que dejan más de 85.000 personas en desempleo, son las que necesitamos? ¿O son las que necesita el capital para seguir aumentando su tasa de ganancia dejando en las cunetas del capitalismo miles de personas desempleadas?

Cuando hablan de «eficiencia» y «rentabilidad», ¿para quién? Para cuando la UE tendrá como prioridad la rentabilidad social, el bien común, que piensan hacer para que las personas tengan empleos que les permitan vivir con dignidad, y no los beneficios económicos de una minoría. Porque éste es el objetivo de las «crisis bancarias» y su reestructuración. Y esto también es lo que ha sucedido con la «venta» del Banco Popular al Santander por un euro. Es un nuevo episodio de la crisis bancaria que se traduce en una mayor concentración del capital en menos manos.

Desde IU no creemos que se trate de ninguna manera de «una operación entre actores privados», sino que por habrá ayudas públicas. De hecho, ya las hay, siendo los créditos fiscales una de las más importante de las que se benefician Santander y Popular y los beneficios fiscales (5.200 millones de euros del Popular), y vamos a ver dónde acaba el soporte público.

El rescate de la banca que no iba a costar ni un euro a las y los españoles, tal y como Rajoy repitió de manera machacona, sigue acumulándose en las espaldas de todos y todas, y nos ha costado más 67.000 millones de euros según un informe del Tribunal de cuentas, dinero que se ha detraído de los servicios públicos.

Izquierda Unida ya impulsó una Comisión de investigación sobre la crisis bancaria. No solo sobre las cajas de ahorros, sino sobre los gobiernos que han sido los máximos responsables del mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público.

El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del «máximo interés privado» se acaba convirtiendo en el «máximo desastre social». Eso nos lleva al debate esencial que siguen sin querer poner encima de la mesa: ¿debe ser pública o privada la gestión del ahorro de la sociedad? Es fácil comprender que la sanidad, el agua o la energía, entre otros sectores del bien común, no pueden dejarse en manos privadas, porque eso implica que su gestión no se guiará nunca por el interés general, sino por el beneficio privado. La experiencia contrastada nos ha enseñado que lo público funciona mejor que lo privado, es mejor socialmente porque persigue beneficios sociales y el interés general cuando es gestionado con esa responsabilidad.

Igualmente sucede con el sistema financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad y que sigue sin funcionar. Y que, reiteradamente hemos de salvar con dinero público de la quiebra, o con avales públicos, o con lo que sea, pero siempre a costa de todos y todas, pero ese esfuerzo económico sale de eliminar gasto público en otros sectores: sanidad, educación, servicios sociales o la hucha de las pensiones, pero que no evitará nuevas crisis pues estas son intrínsecas al capitalismo para reorganizarse. Por eso, la propuesta de la banca pública sobre la que insiste Izquierda Unida es crucial para que se pueda poner en marcha una política alternativa real. Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada en una producción de valor añadido sustentable y al servicio de necesidades reales, comunes y compatibles con el sostenimiento ecológico del planeta, y la lucha contra el desempleo y la erradicación del desempleo.