EDITORIAL | Suma y sigue en las penalizaciones del Palacio de Congreso leonés

El proyecto de Palacio de Congresos se está convirtiendo en un auténtico tormento para la ciudad de León. El tiempo ha probado que de origen se optó por una fórmula faraónica que, como plantearon algunas voces ya entonces, tenía pocos visos de acabarse con normalidad porque nadie debe olvidar que en la primavera de 2009 la crisis ya arreciaba con contundencia y las administraciones empezaba a tener problemas serios en sus cuentas. El repaso a los ocho años transcurridos desde entonces permiten detectar que las zancadillas políticas y los intereses espurios han llevado al terreno de los imposible un proyecto que, en principio, era bueno para León, si la ciudad conseguía dotarse de un recinto adecuado para albergar congresos y exposiciones, como fórmula para ganar actividad económica y turística.

Pero los retrasos en las aportaciones de Junta y Gobierno, junto a las reformas difícilmente justificables en el proyecto original, atascaron definitivamente la obra hasta el punto de que ya sólo se abrirá la parte destinada a las exposiciones —ya concluida— aunque se siguen acumulando deudas porque hay que compensar los retrasos y los incumplimientos con respecto al contrato de obra y gestión que se firmó con la UTE adjudicataria.

Las instituciones están obligadas a actuar con mayor cautela y diligencia. Los errores del pasado son ahora un duro lastre que debe sufragarse con cargo a los impuestos que aportan los ciudadanos.