EDITORIAL: Cuentas gravadas por la asistencia en la Diputación

La Reforma Local puesta en marcha para intentar racionalizar el gasto de las distintas administraciones arrojó luz sobre el reparto competencial y dejó fuera de toda duda que las instituciones locales no deben sufragar desde sus arcas la asistencia social. Pero la Diputación sigue pagando cada año unas cantidades económicas muy elevadas sin que se encuentre una fórmula adecuada para acabar con este problema. En estos momentos desde la institución provincial se abonan cada año un total de 19 millones de euros para sufragar centros sociales o para pagar la atención especializada que precisan casi 90 leoneses que tiene bajo su tutela y que sufren trastornos mentales.

Es verdad que la situación ha mejorado en los últimos tiempos y que instituciones como la Junta han ido asumiendo materias que les corresponden en ese reparto. Pero aún sigue siendo demasiado gravoso porque no existe una solución ya que el Ejecutivo autonómico no tiene capacidad económica para hacerse cargo de todos los servicios aún pendientes y opta por acuerdos de cofinanciación que ayudan a paliar los costes pero no suponen una fórmula que acabe con la precariedad existente.

Las diputaciones han sido un elemento clave durante los dos últimos siglos para crear una red de asistencia social en las provincias. Pero la evolución de las administraciones, especialmente con la creación de las autonomías, empujó hacia una especialización que casi cuatro décadas después de que se aprobase la Constitución sigue sin contar con una estructura clara, justa y sostenible.