Diario de León
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EL CORRO PEDRO VICENTE
León

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E n pleno aquelarre secesionista del independentismo catalán, el Ministerio de Hacienda daba a conocer la semana pasada las llamadas balanzas fiscales que cuantifican los ingresos y gastos del Estado en cada una de las comunidades autónomas. Y la noticia es que su publicación ha pasado prácticamente inadvertida, sin generar ninguna polémica.

Hace cuatro años, cuando el ministro Montoro decidió encargar y publicar dichas balanzas, se desató una gran controversia. Tocaba ya revisar el modelo de financiación autonómica y la iniciativa se interpretó como un claro posicionamiento a favor de corregir el sistema primando a las comunidades con supéravit -Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares- en detrimento de las deficitarias, que son todas las demás del régimen común. El propio Montoro habló entonces de comunidades infrafinanciadas y sobrefinanciadas, incluyendo sin duda a Castilla y León entre estas últimas, lo que motivó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pusiera el grito en el cielo. Estábamos denunciando que los fondos transferidos por el Estado resultaban insuficientes para atender competencias como la Sanidad y la Educación y el ministerio apostaba justamente por reducir sus aportaciones.

El Gobierno Rajoy decidió aplazar la revisión del sistema a la espera de que la recuperación económica permitiera aumentar la tarta a repartir y en esas seguimos. Entretanto, el dictamen elaborado por la comisión de expertos constituida al efecto constituye un nuevo punto de partida centrado en el criterio fundamental: el coste efectivo de los servicios encomendados a cada comunidad en función del conjunto de variables que contribuyen al mismo, tales como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población.

Tras el dictamen de los expertos, las balances fiscales, de por sí ya engañosas, han dejado de ser un elemento de referencia. El hecho de que el Estado gaste en una comunidad más dinero del que ingresa -en el caso de Castilla y León más de 4.000 millones- no presupone que las arcas de esa misma comunidad dispongan de suficientes recursos para atender sus competencias básicas. Son cuentas aparte que no tienen por qué guardar relación, como de hecho ocurre en el caso de Castilla y León y algunas otras de comunidades

Así las cosas, el desafío secesionista de Cataluña obliga a seguir aplazando la negociación sobre el nuevo modelo, frustrando las expectativas de que pudiera estar listo para su aplicación en 2018. Cuando no es por fas es por nefás, el hecho es que en Castilla y León seguiremos atrapados en un sistema que, con independencia del incremento coyuntural de las entregas a cuenta del Estado, nos aboca a seguir tirando de la emisión de deuda pública para cuadrar nuestras cuentas. Y vamos ya por más de 11.500 millones de euros.

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