EDITORIAL: El San Antonio Abad exige una solución negociada

Las administraciones públicas tienen una obligación ejemplarizante de apostar por el diálogo para solventar sus disputas. Parece que no encaja bien dentro de un Estado democrático y de derecho que las instituciones se vean involucradas en batallas estériles durante años para defender sus intereses con posturas que rozan el egoísmo. Es verdad que una buena parte de la culpa de estas irregularidades se genera como consecuencia de la falta de claridad que existe en el mapa competencial, al que aún le restan muchos pasos para alcanzar una normalidad que no sólo sería deseable, parece que es totalmente exigible cuando han transcurrido tantos años desde la normalización democrática del país.

Pero también parece poco aconsejable el mantener una permanente actitud cicatera buscando ‘pleitos’ por todas partes. La Diputación no debería estar en lucha permanente contra todo el mundo. Es cierto que sufre bastantes situaciones de ‘roce’ con otras instituciones que deberían solventarse pero no parece el momento idóneo para abrir todo tipo de frentes de nuevos problemas. Las instituciones deben buscar ante todo acuerdos y fórmulas de mejora de los servicios, cada una con las competencias que les corresponden. La búsqueda de un choque permanente, incluso para defender unos intereses que podrían resultar legítimos, puede desviar demasiados esfuerzos de lo que es lo fundamental: atender a la ciudadanía.