Igualdad, divino tesoro

P arafraseando los versos imperecederos del profeta del modernismo, Rubén Darío: «juventud divino tesoro ¡ya te vas para no volver!»; yo diría: igualdad divino tesoro ¡ya te vas sin haber llegado! Porque igualdad es una de esas palabras universales, hoy diríamos etiquetas o ‘hashtag’, que aparecen en los textos de todas las culturas, de todas las religiones y filosofías, de los mitos y leyendas, y de todos los códigos éticos o políticos que se han dictado sobre la tierra a lo largo de la historia, como expresión de un anhelo ancestral e insatisfecho de la especie humana; en contraste dialéctico con la propia naturaleza, implacablemente jerárquica y desigual desde las partículas fundantes del origen de la vida hasta la escala superior de la inteligencia, pasando por los procesos de selección natural que han posibilitado la evolución de las especies.

Dice el historiador Reloch, no sin cierta vanidad occidental, que «fueron los griegos los que crearon nuestra civilidad y por eso la historia de Grecia constituye la página más importante en la historia de la humanidad». Si nos adentramos, por tanto, en el rico océano de los valores intelectuales y sociales que fundamentaron aquella democracia primigenia, a la búsqueda de referencias filosóficas o políticas sobre la igualdad, no tardaremos en encontrar una importante cita en la inagotable doctrina moral y política helénica. En su relato de la guerra del Peloponeso, el gran Tucídides pone en boca de Pericles en su discurso en homenaje a los atenienses muertos una trascendente declaración de principios: «nuestro régimen político es la democracia y se llama así porque busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de algunos. Todos somos iguales ante la ley, y cuando la república otorga honores lo hace para, recompensar virtudes y no para consagrar el privilegio. Todos somos llamados a exponer nuestras opiniones sobre los asuntos públicos».

Lógicamente, esa grandilocuente referencia a «todos», debe ser limitada a los ciudadanos, quedando excluidos los metecos (extranjeros) y esclavos, que por otra parte constituían la mayoría sociológica y aportaban el soporte económico de la minoría ciudadana. En cualquier caso, la declaración se convirtió en un ideal político, un germen que sobrevivirá en la conciencia colectiva de occidente a través incontables vicisitudes.

Esa vieja aspiración de la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación, heredera también del paradigma judeocristiano que formula la igualdad radical de todos los hombres, fue enarbolada finalmente como pendón y guía por el movimiento constitucional del siglo XVIII que terminó con el Antiguo Régimen. Se convirtió en una de las reivindicaciones primordiales de las revoluciones liberales, como la francesa que la propugnaba como uno de sus tres pilares: libertad, igualdad, fraternidad. En tiempos más próximos, y como sello de un gran acuerdo general para superar con las virtudes de la paz la tragedia de las dos grandes guerras, la igualdad es recogida como principio fundante de las grandes declaraciones internacionales de derechos, promulgadas por la ONU, Consejo de Europa, o la propia Unión Europea.

Nuestra Constitución de 1978, cuyo 40 aniversario celebramos este año, también recoge ese viejo anhelo de la igualdad en su artículo 14, con una expresión lapidaria que todos llevamos inscrita en la frente: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Pero entre las declaraciones de principios y los hechos a veces se abren abismos insondables. Las noticias de las últimas semanas revelan esa tremenda sima entre el derecho a la igualdad y su ejecución real. Paradójicamente, según el internacionalmente reconocido y prestigioso The Economist Intelligence Unit (EIU), Democracy Index (2017), España estaría en el puesto 19 del mundo, con una calificación notable (8.08), por delante de respetables democracias, como EE UU, Italia, Japón, Francia, o Bélgica. Por el contrario, en el informe presentado por Oxfam Intermon en el último Foro Económico Internacional de Davos (Suiza), España es el tercer país con más desigualdad de la Unión Europea, y donde más ha crecido esta desde 2007. Algunas cifras de este informe son demoledoras, como que los beneficios empresariales se han disparado un 200,7%, mientras el coste laboral apenas ha variado un 0,1%; o que las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. Como consecuencia de estas desigualdades palmarias y sangrantes estamos asistiendo en las últimas semanas a un torbellino de manifestaciones y proclamas con diversas reivindicaciones: solicitando la equiparación salarial de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o de los funcionarios en los diversos ámbitos territoriales, o protestando por la vergonzante brecha salarial entre hombres y mujeres.

Parece, por tanto, que la desigualdad sigue siendo el paisaje y la piel de nuestra realidad jurídica, social y económica. En algunas ocasiones se mantiene, incluso, como un anacronismo medieval, propio de una sociedad de ‘castas’, cual es el caso de las universidades, alma mater de la inteligencia y ‘templos del saber’, donde se cultiva el talento que debe liderar la futura sociedad del conocimiento (como escribía recientemente el rector de la UCM (El País 06/02/18) «sin universidad no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro»). ¿Alguien puede entender y validar a estas alturas del siglo XXI que en los estatutos universitarios se establezca y aplique, bajo la máscara de «ponderado», el valor «desigual» del voto del personal docente, los estudiantes y el personal de gestión, administración y servicios, en sus procesos electorales; consagrando un escandaloso déficit democrático?

No sin razón, nuestra sabia Constitución propone una drástica corrección a estos perezosos e interesados incumplimientos promotores de desigualdades, cuando en el artículo 9.2, promulga que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.»

Aun retumban como martillazos en la sombra las palabras escritas por el eminente jurista, expresidente del Tribunal Supremo y magistrado del Constitucional, Javier Delgado Barrio (El Mundo , 07/02/18): «importa recordar que el Derecho nace y vive para realizarse a fin de conformar la realizad social con arreglo a las exigencias del modelo de convivencia que traza la comunidad. Si no se realiza, si no pasa a la realidad, si se queda en el papel de la ley, es solo un Derecho aparente».

Uno de los heterodoxos de moda, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, propone en sus provocativas tesis contra la sociedad hiper-consumista que los individuos hoy se auto-explotan creyendo que se están realizando, y sienten pavor del otro, el diferente, viviendo en «el desierto, o el infierno de lo igual».

Yo prefiero aferrarme a la utopía ética de las palabras de Yocasta en Las Fenicias de Eurípides, cuando exhorta a su hijo a honrar «la igualdad que une a los amigos con los amigos; a las ciudades con las ciudades; a los aliados con los aliados. La ley de la naturaleza del hombre es la igualdad».