Sectarismo
L a grandeza de la democracia estriba en acoger en su seno incluso a quienes la combaten. El disidente, el discrepante con relación a las corrientes mayoritarias, tiene plena cabida en los regímenes pluralistas con una sola condición: que respete la legalidad vigente, requisito que nadie puede vulnerar sin consecuencias. Por ello, fue plausible que las fuerzas constitucionalistas que acordaron la aplicación del artículo 155 para detener el golpe de mano secesionista en Cataluña decidieran en última instancia no intervenir la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, formada por TV3 y Cataluña Radio. Curiosamente, sin embargo, el único acuerdo firme que han logrado ERC y JxCat tras las elecciones del 21-D ha sido el reparto del control de dicha institución. Significativo.
El audiovisual público catalán asumía el criterio que aquí rigió en el Estado y en las comunidades autónomas hasta no hace mucho: los medios públicos son herramientas del gobierno de turno. La neutralidad era optativa, y en la mayoría de los casos no era aplicada. En 2006, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal marcaba un hito democrático y establecía que RTVE debía quedar en manos de un consejo de administración elegido por el Parlamento (6 consejeros elegidos por el Congreso y 4 por el Senado) con el respaldo de al menos dos tercios de los parlamentarios de la cámara respectiva.
Aquella ley cambió completamente el planteamiento y ya nadie ha negado explícitamente la necesidad de que el audiovisual público sea neutral y esté al servicio de toda la ciudadanía y no solo de la mayoría en el poder.
E Cataluña, donde TV3 es un aparato militante de propaganda independentista, que no oculta ni disimula su inclinación, se sesgan manifiestamente las informaciones para adaptarlas al interés político y que ya no se oculta en su desfachatez. Hasta no hace mucho, todavía incluía en sus tertulias a algún tertuliano de ideología constitucionalista, que había de soportar estoicamente el incómodo papel de disidente solitario frente a una mayoría de tertulianos que lo arrollaban con sus tesis soberanistas. Ahora ya ni siquiera se cubre el expediente. Habrá que preguntarse si es admisible que en una democracia se inviertan recursos públicos para seguir financiando un sectarismo divisor concebido para fracturar, violentar.