EDITORIAL | Alquileres con una insoportable dosis de insolidaridad
Los técnicos del Ministerio de Hacienda cifran en nueve millones de euros el fraude generado a las arcas públicas por los alquileres ilegales. El dato evidencia una situación grave, porque ese dato se limita a los pisos ‘ordinarios’, sin atender a los que son arrendados con turistas como clientes.
El fraude fiscal es una forma de insolidaridad que debe ser combatida. Supone un egoísmo dañino hacia toda la sociedad, porque es con los impuestos que aportamos con lo que se financian la sanidad, la educación o las infraestructuras y servicios de las que disfrutamos. Hacienda está obligada a perseguir a quienes en el fondo nos están engañando a todos. Existen cálculos que resultan preocupantes sobre la presión fiscal que podría rebajarse a los españoles si todos contribuyésemos de manera adecuada. Eso supone que además de perjudicar los servicios públicos al no pagar lo debido, de manera automática se obliga a quienes cumplen a rascarse el bolsillo para ‘cubrir’ lo defraudado.
Hacienda dio a conocer este martes que hasta abril ha recaudado 5.030 millones de euros en su lucha contra el fraude, un 15% más que en 2017. Parece el camino adecuado. Deben perseguirse las bolsas de pagos ‘en negro’ porque es conocido que en España son muy importantes. En el caso de las viviendas encubre, en general, casos de picaresca para ahorrarse unos euros y unos trámites burocráticos. Pero cuando se suman las cifras y se llega a ese balance de nueve millones de euros sólo en León la situación resulta preocupante.
