La moción de censura: una obligación democrática

La respuesta a la moción de censura presentada por el PSOE se está desenvolviendo en medio de una de esas ceremonias de la confusión a la que tan aficionados somos en España. Los mezquinos juicios de intenciones y los cálculos numéricos sobre el resultado de la iniciativa socialista están sirviendo para ocultar lo esencial de la misma y es que, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, ya nada podía seguir igual, porque afecta directamente al PP como partido y a Mariano Rajoy en persona. Cualquier otro presidente de un gobierno democrático europeo habría presentado su dimisión a los cinco minutos de conocer ese fallo judicial. Pero Rajoy pertenece a otra categoría: la de los avestruces que esconden la cabeza, esperan a que escampe, a que el siguiente escándalo tape el anterior y que el tiempo y el aburrimiento den paso a la resignación de una ciudadanía desmoralizada.

En estas circunstancias el PSOE, como primer partido de la oposición y con Pedro Sánchez a la cabeza (como candidato obvio), ha presentado una moción de censura por obligación. Porque tiene los diputados suficientes para hacerlo y porque hay que salir de esta espiral de estancamiento y debilidad que España presenta dentro y fuera de sus fronteras, gracias a la inoperancia del Gobierno y a su corrupción sistémica, probada en los tribunales. Como Pedro Sánchez se ha encargado de explicar desde el primer momento, ni se ha negociado ni se van a negociar los votos con otros partidos de la oposición para asegurar un resultado favorable. Esto debería resultar un dato suficiente para interpretar el carácter de la iniciativa socialista: se trata de una cuestión de principios que únicamente podía haberse evitado si Rajoy hubiera dimitido al conocer la sentencia. Se trata de una moción por obligación porque la otra alternativa suponía mirar para otro lado ante el veredicto más demoledor, sobre un partido y un presidente de gobierno, que se ha conocido en nuestra historia democrática

La reacción de los demás partidos ha sido sorprendente. El PP responde con un argumentario tan histérico como falso e impropio de un partido de gobierno. Y todo porque el primer partido de la oposición pone en marcha un mecanismo constitucional ante unos hechos mucho más graves que los que sustentaron todas las anteriores mociones de censura ¿Cuándo hubo un motivo mayor para censurar a un gobierno? El PSOE practica con la moción la misma responsabilidad constitucional que para apoyar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Ciudadanos en su sectaria irritación ha formulado como alternativa una atrabiliaria moción «instrumental» que contradice el espíritu del artículo 113 de la Constitución Española. Este artículo (copiado de la constitución alemana) exige a la moción que sea constructiva y conlleve un candidato a la presidencia del gobierno. Ciudadanos propone una moción con un candidato a «no presidente», que convoque elecciones inmediatas, precisamente lo que los constituyentes alemanes pretendían evitar tras la experiencia de inestabilidad con la Constitución de Weimar y el resultado de todos conocido.

El líder de Podemos, tras una temporada memorable, obligado a no repetir el error de 2016, anuncia el voto favorable pero a continuación vuelve a la pinza con el PP para convertir la moción en censura a Pedro Sánchez, exhibiendo una vez más la incoherencia y la frivolidad de exigir a los demás lo que no se aplicó a sí mismo. Finalmente, como en la fábula de Esopo, no lo puede remediar porque «es su naturaleza».

En definitiva, mientras el PSOE ha respondido a la gravísima situación política, tras la sentencia, con el patriotismo constitucional preconizado por Habermas, los otros partidos principales están actuando con deslealtad constitucional y puro oportunismo.

Como es notorio, durante estos últimos años, el prestigio y el papel de España en el mundo y en Europa han caído en picado. Esto se ha reflejado en el abandono del núcleo decisor de la Unión Europea, en la ausencia de españoles en los organismos internacionales, en la pérdida de fondos europeos, en problemas para nuestros tribunales, etc. A este declive ha contribuido fundamentalmente la indolencia del gobierno de Mariano Rajoy y, en los últimos tiempos, la aventura equinoccial de los independentistas catalanes ahora capitaneados por un «no presidente» títere y racista confeso.

La Audiencia Nacional (como otros muchos órganos judiciales) ha demostrado que la división de poderes en España funciona y que este país no es Turquía. La moción de censura presentada por el PSOE también demuestra que el Parlamento debe cumplir con su obligación constitucional de censurar al gobierno cuando lo merece. La democracia española, con todos sus defectos, está viva y es homologable a cualquier europea. Si el PSOE no hubiera reaccionado así ante la sentencia de la Gurtel, la democracia española habría quedado equiparable a la de una república bananera o… catalana.