EDITORIAL | Cuestión de seguridad o falta de voluntad política
El desvío del tráfico de camiones desde la N-120 a la AP-71 sigue, después de casi un año de su anuncio, polémica y debate, sin avanzar en la práctica.
Las bonificaciones al tráfico pesado para que utilizase (de manera obligatoria) la autopista se han justificado una y otra vez por motivos de seguridad tanto del tránsito de vehículos como de los habitantes de las poblaciones afectadas por la cada vez más concurrida carretera nacional que las atraviesa. Sin embargo el convenio entre la Junta de Castilla y León (dispuesta a correr con parte del gasto de la concesionaria de la vía) y el ministerio de Fomento no sólo no ha dado los frutos anunciados sino que amenaza con quedarse en un proyecto que no se plasme en la práctica.
El anterior equipo de Gobierno nacional, con el cambio incluido en la cartera responsable de materializar la medida, realizó algunos avances en la negociación de la bonificación que tendrían los camioneros a la hora de utilizar la autopista. Sin demasiado empeño. Ahora el sector del transporte traslada que el anunciado desvío no va a llevarse a la práctica.
Si efectivamente los informes realizados por la Junta aconsejan el desvío del creciente tráfico pesado a la autopista por motivos de seguridad, no tiene sentido que los vaivenes en los despachos gubernamentales aparquen una decisión que, más allá de la colaboración económica comprometida por el Ejecutivo autonómico, responde a una demanda social largamente reivindicada. El cambio de Gobierno no es excusa para retrasar o aparcar en el olvido una cuestión que ya estaba decidida.