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el gallo
León

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Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, «más los daños causados». En abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso. Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos de un real decreto. El conflicto de Castor, el almacén de gas ideado para lacosta de Castellón y Tarragona, se generó por los constantes seísmos sufridos en la zona. Fue cerrado en 2013. La idea surgió en la etapa de Miguel Sebastián como ministro de Industria, autor de medidas decisivas contra el carbón, con Zapatero como presidente.

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