TRIBUNA
El final del carbón se escribió hace siete años

E n los últimos días se ha producido un diluvio de responsos por la minería del carbón entre los que se cuelan de contrabando algunos epitafios completamente falsos, propios del catálogo de «verdades alternativas» trumpistas. Todos somos conscientes de que el combate contra el cambio climático ha puesto un límite a la producción y quema de combustibles fósiles, especialmente tras el Acuerdo de París (22-IV-2016). Sin embargo, por lo que se refiere al carbón leonés, ese final podía haber sido de otra manera y con otros plazos. Que el final del carbón español se haya producido ahora y el de las centrales térmicas que lo consumían en 2020, en lugar de en 2030 o 2035, tiene su explicación en decisiones políticas concretas tomadas en fechas incontestables. Veámoslas:
Febrero de 2011. La crisis económica está despejando el camino del PP hacia el gobierno. En ese momento aparece el documento de Faes titulado Propuestas para una estrategia energética nacional (https://fundacionfaes.org/es/papeles_faes/58/propuestas-para-una-estrategia-energetica-nacional ) en el que se descalifica el carbón español por ser de «calidad pobre» y se afirma que «el parque de generación térmica, fundamentalmente de carbón… se aproxima al periodo de cierre». Los redactores lo consideran una fuente energética insustituible a medio plazo, pero debe ser de importación por «seguridad del suministro» y «precio». Por ello tajantemente proponen «Poner una fecha límite improrrogable a las ayudas al carbón nacional y, la vez, concentrar las actuaciones en los planes de reconversión profesional de los mineros y en los planes de cierre de las explotaciones que no puedan subsistir sin ayudas económicas o subvenciones».
7 de febrero de 2012. Recién llegado al gobierno y sin tiempo para calentar el sillón, el ministro José Manuel Soria remitió una carta a Bruselas con el Plan de Cierre de 15 empresas mineras (entre ellas todas las leonesas) antes de 2019. Para ello solicitaba una ayuda de 2.128,5 millones de euros.
1 de octubre de 2013. Sorprendentemente se firma por el Ministerio, los sindicatos y la patronal Carbunión el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 que contemplaba la supervivencia de las explotaciones competitivas más allá de 2019. El espejismo duró poco: el Ministerio incumplió totalmente lo pactado y no tramitó las ayudas a las empresas que se vieron obligadas a entrar en procedimiento concursal y después en liquidación. Mientras tanto, camiones y trenes cargados con carbón de importación comenzaron a abastecer a las térmicas. En 2016, las cuatro principales empresas mineras leonesas, Coto Minero Cantábrico (antes MSP), Uminsa, Hullera Vasco Leonesa y Alto Bierzo (el 95% de la extracción carbonera y de las plantillas) estaban bajo administración judicial.
7 de noviembre de 2015. Con total asentimiento del Gobierno, EDP anunció que iniciaba la inversión de 100 millones de euros para desnitrificar las emisiones en las centrales térmicas asturianas de Soto de Ribera y Aboño. Su objetivo era «que sigan produciendo hasta 2035», cumpliendo la Directiva Europea de Emisiones Industriales que fija los límites de contaminación para operar a partir de 2020. Seguidamente Endesa hizo público su Plan Estratégico en el que contempla la inversión en desnitrificación para As Pontes (Lugo) y Carboneras (Almería) y el cierre en 2020 del resto de sus centrales; Iberdrola, por su parte, anunció que abandonaba la generación eléctrica con carbón (Guardo y Lada) y la nuclear (Garoña); Viesgo declaró que modernizaba la central de Los Barrios (Cádiz). Finalmente, Naturgy (antes Gas Natural-Unión Fenosa) ha estado jugando a la confusión, pero sin programar inversión alguna para la desnitrificación en sus centrales térmicas.
El resultado final es que cerrarán todas las centrales que consumían carbón nacional y que en 2020 solo seguirán funcionando en la España peninsular cinco centrales térmicas, todas ellas situadas en puertos y quemando carbón de importación, tal y como preconizaba el documento de Faes. Para ello, el Gobierno tuvo que despreciar y ocultar el informe (de 2 de diciembre de 2015) elaborado por los técnicos del Ministerio de Industria y Energía (después de Energía, Turismo y Agenda Digital) titulado ‘Las centrales de carbón autóctono como elemento de seguridad de suministro en España’.
Cuando Rajoy llegó al Gobierno, en León había 1.834 afiliados al Régimen Especial de la Minería del Carbón y cuando accede Pedro Sánchez solo quedaban 359. Pero son muchos más los puestos de trabajo perdidos durante estos pasados años (en subcontratas, empleos indirectos e inducidos). Así se explica que, desde 2012, León haya perdido más de 17.000 trabajadores según la EPA.
Si se entona sincera y solemnemente el réquiem por el carbón leonés, debe reconocerse que las empresas mineras de León se encuentran en agonía irrecuperable (liquidación) o muertas y enterradas desde hace tres años. En las cuencas mineras no se va a engañar a nadie.