Decisión jurídica que no pervierta la democracia
Parece que a estas alturas del escrutinio del Ayuntamiento de León apenas quedan flecos pendientes por lo manifestado por unos y por otros. La Junta Electoral decidirá el próximo gobierno del Ayuntamiento de León. Si el recuento queda inalterado será factible el pacto de PP con Ciudadanos y Vox, que retendría su edil. Y si admite los recursos se produciría un trasvase de votos hacia UPL, que le entregarían un tercer concejal —a costa de Vox— y se abriría la puerta a un pacto previsible de los leonesistas con Podemos y el PSOE para que José Antonio Diez releve a Antonio Silván.
El sistema ha sido capaz de detectar los errores graves de la recogida de datos que realizó una empresa el domingo para el avance de resultados del Ministerio del Interior. Y en la Junta Electoral se ha comprobado que existe un problema concreto con una mesa en la que sus componentes remitieron un acta de escrutinio que ellas mismas ponen en entredicho. Con todos los datos sobre la mesa no hay mucho margen. Existe la posibilidad de que la Justicia dé por bueno el documento firmado. O que atienda los recursos y escuche los testimonios de los componentes de la mesa, un camino que también parece lógico aunque puede suscitar dudas jurídicas porque a estas alturas son testigos que plantean problemas tras difundirse sus datos y escuchar sus pronunciamientos públicos. Pero con los datos de las otras dos urnas de la mesa —autonómicas y europeas— parece comprobable que sí hubo equivocación en el acta.
En todo caso lo que no parecería aconsejable es una tercera vía que pasaría por la repetición de la mesa. Precisamente en León existe un precedente sobre cómo se pervierte el sistema. Hace 40 años se vivió precisamente en el Ayuntamiento. Partidos pidiendo el voto para otros. Sería una especie de segunda vuelta en la que las decenas de electores de una única mesa decidirían el alcalde. Y con campañas bastardas de unos y otros intentando trasvasar votantes.