Paro y movilidad laboral

ACABA de conocerse la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del año, y que ha resultado ser mejor de lo que cabía esperar a la luz de los discretos ritmos de crecimiento económico. En el referido trimestre, el paro se redujo en casi 55.000 personas y el empleo creció en unas 180.000, de modo que el desempleo se mantiene algo por encima de los dos millones de desempleados, un 11,1% de la población activa. Ésta alcanza los 16.240.000 trabajadores, un nuevo récord, con lo que se recupera la tendencia ascendente desde 1995, apenas interrumpida en el primer trimestre del año en curso. Pero los datos de la EPA que se acaban de hacer públicos informan que tan sólo el 20,97% de los parados aceptaría un trabajo que implicase cambio de residencia, mientras que un 70,95% no le haría feos a un cambio de ocupación. Estos porcentajes, que apenas han variado desde años, indican que no hay incentivos suficientes que favorezcan la movilidad geográfica y sobran en el caso de la movilidad funcional. Precisamente la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno pretende crear incentivos para salir del paro, actuando sobre la cuantía, duración y contrapartidas de la prestación del seguro de desempleo. La experiencia de otros países dice que la relación «importe de la prestación del paro/importe del último salario» no incentiva apenas la búsqueda de trabajo; que la «duración de la prestación» influye negativamente en la tasa de salida del desempleo, y que las contrapartidas exigidas para acceder a la prestación no empujan mucho a buscar un trabajo. Los incentivos a la movilidad geográfica son la única política para crear empleo en una desaceleración económica. No es muy comprensible que coincida la presión de la inmigración con la ausencia de movimientos migratorios entre provincias con pleno empleo (Navarra, con el 5,06%) y máxima tasa de paro (Cádiz, con el 26,60%). Sucede que la emigración no sólo depende del nivel de desempleo existente en origen sino del salario y de la seguridad en el empleo en el lugar de destino: emigran los trabajadores cualificados que cuentan con un empleo en destino y se abstienen de emigrar los trabajadores que sólo buscan un trabajo. En España, la movilidad de la población activa entre regiones viene además constreñida por el efecto del alto precio de las viviendas y el efecto económico del núcleo acogedor de las familias. Nadie en España emigra ya a otra provincia si no consigue con ello una superior estabilidad laboral. Es lo que sucede, por ejemplo, en la construcción. La emigración a la vendimia francesa muestra que es posible la contratación temporal con movilidad geográfica siempre que haya fuertes incrementos salariales. La movilidad geográfica es una cuestión de salarios. Es decir lo contrario de la moderación salarial que se necesita. En vez de gastar dinero y esfuerzos en estimular la movilidad de los desempleados habría que utilizar la formación profesional para pudieran mejorar su cualificación dentro de su misma área de residencia.