Seguridad en la calle

N cercanía de elecciones cotiza al alza el valor del ciudadano elector, al que los políticos le dedican durante unos meses la atención que nunca debieron retirarle. Ante la proximidad de las urnas se aguza el ingenio crítico de la oposición y se encienden los mecanismos defensivos de los gobiernos. La oposición desea obtener más amplias adhesiones sociales, y el gobierno no perderlas. Un hombre, un voto, pero mientras la valoración del hombre no cambia, la de su voto aumenta notablemente. Y para conseguirlo, el voto, se intenta complacer al elector, el cual quiere sentirse libre y seguro y está en su derecho, como reconoció ayer el vicepresidente primero y ex ministro de Interior, Mariano Rajoy, al decir que «somos conscientes de que una de las tareas esenciales del Estado es garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos». A partir de ese reconocimiento obvio de la responsabilidad del Estado, de la que la que se hace ineludiblemente cargo el gobierno de turno, el problema de la inseguridad ciudadana, una realidad social actualmente, no debiera producir discrepancias políticas, pues si la oposición la denuncia, el Gobierno la reconoce. Y la reconoce el Gobierno con tal sinceridad que ayer presentaba un nuevo plan de medidas encaminadas a «barrerla», dicho sea por usar un verbo grato al presidente Aznar, reuniendo en La Moncloa a tres ministros, el mencionado Rajoy, su sucesor Acebes y el titular de Justicia, Michavila. Tal concentración de altos responsables políticos revela la importancia que da Aznar, en esta precampaña electoral de ocho meses, a la inseguridad ciudadana, un asunto al que la oposición le había hincado el diente, pillándole al Gobierno a contrapié, por lo que ahora pretenden las nuevas medidas del triángulo Rajoy/Acebes/Michavila recuperar la iniciativa política y ofrecer soluciones. Las soluciones aparecen en todos los periódicos, 20.000 nuevas plazas policiales, 80 jueces y 70 fiscales más -para facilitar los juicios rápidos-, más intensa y eficaz coordinación entre las fuerzas de Seguridad del Estado, mejorando sus dotaciones, presencia de más policías en la calle, retrasando incluso la jubilación de 8.000 agentes en edad ya muy madura, disminución de beneficios penitenciarios, agravamientos de las condenas, cuyo cumplimiento se haría más estricto, expulsión de todo inmigrante indocumentado que cometa una falta... Lo malo es que faltan sólo ocho meses para las elecciones municipales y autonómicas, y no va a haber tiempo para que el Gobierno recoja el fruto de sus buenas intenciones. Es probable, sin embargo, que en vísperas de las generales del 2004 pueda exponer el ministerio de Interior datos reales sobre una reducción de esa inseguridad que, en palabras de Aznar, «amarga la vida a los ciudadanos».