Envejecer no es delito

OS dos sindicatos mayoritarios no se han envanecido por el llamativo éxito de sus reivindicaciones y enseñan al Gobierno la mejor sonrisa para anunciar que, dada la situación de la economía, aceptan una moderación salarial con vistas al 2003, a cambio, eso sí, de mayor creación de empleo fijo. Es una actitud de guante de seda, de loable sensatez, que evitará tensiones suplementarias en la espiral inflacionista, ya muy tensa. Pero ese guante empuña en otras ocasiones la espada, pues no olvidan las dos centrales su exigencia de que el subsidio agrario sea restituido. En defensa de esta restitución están ya convocadas, dijo el líder ugestista Méndez, las primeras movilizaciones. Al Gobierno no le interesa más agitación en las calles, y acabará accediendo al subsidio agrario dada la excelente disposición de los interlocutores sindicales. Fidalgo y Méndez adelantan, por ejemplo, que no se cerrarán en banda a una bajada de las cotizaciones sociales de las empresas, constante demanda de la patronal, dado el supuesto superávit en la Seguridad Social, del que tanto se enorgullece el Gobierno. Esa rebaja, desde la perspectiva sindical, no se trataría nunca como un asunto aislado, pues debería encuadrarse en una reforma de la Seguridad Social que ya se habría hecho necesaria. Y esa reforma afectaría obviamente al sistema de pensiones y al marco sociopolítico que lo ampara, el pacto de Toledo. Méndez se refirió ayer a ese pacto, cuya utilización electoral está tácitamente prohibida, diciendo que «está tocado de ala». Toda propuesta de reforma del sistema de pensiones lleva adjunto un riesgo político, con reflejo electoral desfavorable, por lo que el pacto de Toledo, desde el momento de su firma hasta ahora, se ha mantenido fuera de las contiendas electorales y de la confrontación política. Pero los sindicatos lo ven ya tocado del ala, como una tórtola herida, y así debe parecérselo a quienes le han puesto al actual sistema de pensiones fechas de caducidad, que no le conceden en ningún caso más de veinte años de vida. Sin embargo, y gracias a la bonanza económica de los últimos años, si exceptuamos el actual y parte del pasado, el Gobierno puede ufanarse del superávit que arrojan las cuentas de la Seguridad Social, a la que sólo amenazaría el envejecimiento de la población o, dicho de otro modo, una escasa productividad en el país por la desproporción entre habitantes en edad de trabajar y el creciente censo de pensionistas. Méndez rechaza que envejecer se convierta en un delito de lesa Hacienda pública. Los pensionistas, también. De ahí que, cuando llegue el momento, la reforma, necesaria o no, consiga un amplio consenso sociopolítico.