Razones y justificaciones
Afalta de razones, justificaciones. Es bastante frecuente que cuando no existen razones se busquen justificaciones. Ocurre en diferentes ámbitos: el personal, familiar, educativo, social, económico, financiero, empresarial, sindical, laboral o político. Vivo ejemplo, por lo que al ámbito político se refiere, lo encontramos, día sí y al siguiente también, en Pedro Sánchez, sus ministros y en «toda la flota de activistas que tienen en las tertulias y en las redes» (C. Martínez Castro). Estos días lo están protagonizando con la derogación de los delitos de sedición y de malversación. Al no haber razones sobre tal decisión, lo argumentan con increíbles justificaciones, destacando dos de ellas a cual más falaces: la homologación del delito con Europa y la construcción de la convivencia en Cataluña. Decisión que solo puede entenderse desde la deslealtad y la claudicación del Estado de Derecho ante los enemigos del orden democrático e integridad territorial de España.
Lo ha señalado Pablo de Lora, recordando a Tomás y Valiente, cuando dice que «el Gobierno malbarata el ideal del Estado de Derecho cuando permite, ampara o no castiga como debe a quienes practican la guerra sucia. Pero también cuando por puro tacticismo o posible rédito electoral se sirve de una reforma puntual y absolutamente ad hoc del Código Penal para permitir que quienes desafiaron sediciosamente al Estado rompiendo todas las reglas de nuestro marco de convivencia puedan volver a la vida pública sin atisbo de arrepentimiento o contrición».
Por su parte, el prestigioso jurista Javier Gómez de Liaño entiende que «el fondo de la reforma propuesta se reduce a términos de trapicheo jurídico y otros conceptos teóricamente destinados a quebrar el Estado de derecho y a desautorizar a los tribunales de justicia que en su día se pronunciaron sobre los graves sucesos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Ya que no hemos podido lograr que los jueces hicieran lo que nosotros queríamos que hicieran, dejemos sin efecto sus resoluciones. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal emprendida por el Gobierno, por mucho que se pretenda disimular bajo impúdicas y muy distintas vestiduras… Lamento el diagnóstico, pero creo que la iniciativa tomada tiene un mal tufo, huele a fraude de ley, a amnistía encubierta. La proposición de ley… está hecha a la medida de lo que llevan pidiendo al presidente del Gobierno sus socios independentistas… Si esto es así, como una gran mayoría pensamos que es, entonces habrá que convenir en que los responsables de la decisión no son legisladores sino mercaderes de la ley que alteran su esencia, envenenándola».
Óscar Monsalvo destaca la dimensión autoritaria de Sánchez cuando escribe que «primero Sánchez decidió anular la sentencia del Supremo; ahora al fin se ha decidido a anular el delito, demostrando a quien todavía tuviera dudas quién es el auténtico tribunal supremo en España. Solemos decir que el respeto a la ley es lo más importante en una democracia, pero no es así… El autócrata exitoso siempre apela a lo sagrado, a las palabras buenas que le otorgan la capacidad de realizar malas acciones. Convivencia, paz, justicia, democracia. Europa. A todo ello ha apelado Sánchez cuando ha concedido los indultos, y a todo ello apelan sus heraldos ahora que tienen que justificar la reforma del delito de sedición… No sólo son el auténtico tribunal supremo, sino que también pueden saltarse la Constitución cuando quieran».
Según Antonio Caño «no siempre el diálogo es la solución de los problemas y, desde luego, nunca el desprecio de la ley es compatible con la democracia… Es un delirio pensar que si el Estado de derecho se incumple sólo un poquito o sólo por un tiempo pueden obtenerse ciertos rendimientos sin que afecte a la arquitectura democrática en su conjunto. Es un error pensar que las cosas están hoy mejor en Cataluña… En Cataluña hoy se incumple sistemáticamente la ley, se desobedecen las decisiones judiciales y se planea abiertamente un proceso inconstitucional de resquebrajamiento del país a corto plazo sin que nadie actúe para impedirlo. En Cataluña no están hoy mejor las cosas que en 2017… Y no lo están porque quienes se levantaron en 2017 contra la Constitución tienen en 2022 enfrente un Estado más débil. Los independentistas tienen hoy buenas razones para pensar que, si han conseguido manejar el Código Penal español para tapar sus delitos, podrán perfectamente utilizar otras leyes o la propia Constitución para convocar su referéndum y, finalmente, para conseguir un Estado propio. Los independentistas tienen buenas razones para pensar que, si encontraron ahora un Gobierno que cedió en el primero de sus objetivos, encontrarán mañana otro que les permitirá llegar a la meta final».
Y a quienes critican al PP recordando que con ellos ‘hubo un referéndum y una declaración de independencia’, Juan Carlos Rodríguez Ibarra les responde que «llevan razón: exactamente eso fue lo que ocurrió, un referéndum ilegal y una declaración de independencia, y por eso se les aplicó el delito de sedición. No se puede decir lo que dicen y, a continuación, para justificar la proposición de ley, defender que lo que sucedió en esas fechas fue ‘un delito de desórdenes púbicos agravados’… Vivíamos equivocados. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? ¿Cómo pudimos creer que los independentistas atacaban el artículo 2 de la Constitución, cuando solo estaban realizando una alteración del orden público?».
Con la grave decisión de derogar los delitos de sedición y de malversación, ‘el caudillo Sánchez’ presenta una moción de censura al Poder Judicial y al discurso que el Rey dirigió a la nación la noche del 3 de octubre de 2017. Un paso más para saltar la última valla. A falta de razones, justificaciones.