Sí, las pensiones son sostenibles
Las personas que defendemos el Sistema Público de Pensiones comprendemos su postura y argumentos puesto que es director, consejero y socio de entidades financieras nacionales e internacionales y lógicamente defiende los planes de pensiones privados que al final se traducen en meter dinero a unos fondos de inversión que juegan en el mercado bursátil y obtener un mínimo garantizado para el capital del accionariado. Pero donde Yawar Nazir Alonso ve un negocio, nosotros vemos un derecho social, refrendado por los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española que en su artículo 50 establece: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad». De ahí la diferente óptica al analizar las pensiones. Las pensiones privadas pueden ser muy favorables al capital financiero porque proporcionan flujos regulares y abundantes de recursos económicos al capital privado para obtener grandes beneficios, mientras que los sistemas públicos de pensiones son de reparto que no permite el beneficio privado. Para conseguir doblar el brazo al sistema público, intentan que no haya pensiones públicas decentes y atemorizar a la gente de que no hay dinero para las pensiones.
Antes de demostrar que el Sistema Público de Pensiones español es sostenible, hay algunos datos en sus artículos que debemos refutar. Los presupuestos de la Seguridad Social para 2023 es de 204.000 millones, no 190.000 como dice. Pero abarca, no solo las pensiones contributivas: jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad; también otras pensiones, subsidios, indemnizaciones y complemento a mínimos; prestaciones para el desempleo, la protección familiar y subsidios por maternidad-paternidad; asistencia sanitaria con las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, el Instituto Social de la Marina y el Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria); Servicios Sociales que cubren las necesidades de personas en situación de Dependencia y el Ingreso Mínimo Vital; prestación farmacéutica; y los gastos de mantenimiento y personal de sus oficinas y la gestión de la Tesorería, Informática y otros Servicios Funcionales Comunes. Los ingresos por cotizaciones sociales son de 152.000 millones de euros, 39.000 millones son de transferencias del Estado, 3.000 millones por otros ingresos, y han previsto un crédito de 10.000 millones como remanente. No obstante son 7.000 millones los previstos de desfase en 2023, no 40.000 millones como apunta el autor del artículo.
Según el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, sus dos fuentes de financiación son: 1) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, vía impuestos; y 2) Las cuotas de las personas obligadas, las cotizaciones sociales que se aportan del mundo del trabajo. Durante muchos años se nos hizo creer que el sistema público de pensiones era deficitario, hasta que el Movimiento Pensionista consiguió poner sobre el tablero de la opinión pública que con las cotizaciones sociales para financiar las pensiones contributivas se habían pagado otras partidas presupuestarias: lo que se ha llamado «gastos indebidos», y que el propio Gobierno calibró en algo más de 20.000 millones de euros al año. Que no es deficitario el sistema lo demuestra el Fondo de Reserva de las Pensiones para guardar los superávits de las cotizaciones, comúnmente llamado «hucha de las pensiones», llegó a tener 67.000 millones en el año 2011; y que el Tribunal de Cuentas informó que, sin tener en cuenta los intereses y otros posibles ingresos por los inmuebles propiedad de la Seguridad Social, el Estado debía a aquella 103.690 millones de euros. La auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que según la Ley 20/2021 se debería haber hecho antes de agosto del año pasado 2022 y de la que no sabemos nada, podría sacar a la luz bastante más dinero, algunos economistas y sindicatos la cifran en 600.000 millones de euros el remanente de caja anual acumulado de 1977 a 2016 a favor de la Seguridad Social, según consta en la Contabilidad de la Seguridad Social, de forma que el posible efecto del baby boom no haría mella en las pensiones. Quedarían cubiertas perfectamente hasta el año 2045.
Hay otra serie de datos de Yawar Nazir Alonso en sus dos artículos que son muy discutibles. La «generosidad» de las pensiones en España en comparación con otros países de nuestro entorno. Excepto Portugal y Grecia, la pensión media de Francia, Italia, Bélgica están algo por encima de la pensión media de España, aunque, como bien señala, aquí las pensiones mínimas, de viudedad, no contributivas, el SOVI, etc, están por debajo del umbral de la pobreza, si no son de pobreza severa. Dice Yawar Nazir Alonso que «es cierto que muchas pensiones son bajas, pero ello no se debe a una injusticia generada por el sistema, sino a las trayectorias laborales de los pensionistas, que, o bien cotizaron por bases bajas mientras trabajaban o cuentan con carreras de cotización relativamente cortas». Nosotras y nosotros decimos que las pensiones más bajas por ser en su mayoría de mujeres, son una injusticia del sistema porque las reserva el papel de cuidadoras del hogar y de la familia. Las mujeres en el mercado del trabajo tienen menos posibilidades y peores empleos, más precarios y a tiempo parcial. Este trabajo no remunerado de los cuidados y por el que no se ha cotizado es lo que más contribuye a la cohesión social y equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo, el 53% del PIB., (María Ángeles Duran, La riqueza invisible del cuidado ). Bien creemos que se merecen unas pensiones dignas por su contribución a la sociedad.
El gasto en España de pensiones, un 12% del Producto Interior Bruto, PIB, se sitúa entre las de nuestro entorno. Francia, Austria y Finlandia tienen un 14%, y Bélgica, Dinamarca, Holanda, Alemania y Suecia también se sitúan en el 12%. La tasa de reposición, la relación entre la pensión que nos queda y el último sueldo, ha bajado al 72% en España, no el 80% como dice. Pero además la comparación con otros países europeos es controvertida porque los salarios medios de los países del norte y centro de Europa son superiores a los de España. La esperanza de vida y el factor demográfico para medio y largo plazo no son fiables, ni siquiera a corto plazo, visto lo que pasó en 2020 con la pandemia de covid-19.
España es la cuarta potencia económica de la Unión Europea y la vigésimo cuarta del mundo. Por lo tanto, sin echar las campanas al vuelo, podemos decir que es un país rico. De hecho la riqueza del Estado en un año que se mide con el índice del Producto Interior Bruto, PIB, pasó de 600.000 millones de euros en 1999 a el doble, un Billón 200.000 millones de euros en 2018. Sin embargo, el número de habitantes solo creció un 11,5% en ese tiempo. Lo cual quiere decir que la riqueza per cápita pasó de 14.700 euros al año, a 25.800. O sea, sí hay dinero, aunque una parte esté en cuentas opacas de paraísos fiscales.
En cuanto a ingresos por impuestos, se pueden aumentar evitando el fraude, la evasión y la elusión fiscal; combatiendo la corrupción de los sobrecostes en los contratos públicos; subir algo los impuestos a las rentas del capital; combatir la economía sumergida. En España se recauda un 7% menos que la media europea. Hay otro dato y es que los impuestos directos, el IRPF que pagamos todos y todas, y el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas por sus beneficios, también han variado en relación a los ingresos totales de los Presupuestos Generales del Estado. El IRPF pasó del 36,2% del total de ingresos en 2007, al 45% en 2021. El impuesto de sociedades por el contrario, se redujo a menos de la mitad, del 22,3% en 2007 al 10% en 2021. El impuesto indirecto, el IVA que grava el consumo, pasó del 27,8% al 33% en ese mismo período de tiempo. Los impuestos especiales, carburantes, alcohol, tabaco, etc. no variaron, alrededor del 9%.
En lo que concierne a aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales, lo más importante es que el año pasado el salario mínimo interprofesional subió a 1.000 euros (este año a 1080), que el empleo aumentó y los contratos fueron más estables. De hecho la partida presupuestaria de 2023 para desempleo ha bajado. Puesto que las cotizaciones sociales dependen del número de empleos, del tiempo de cotización y de la cuantía salarial, todo esto incidió en una mayor recaudación por cotizaciones. Hemos de recordar que los tipos de cotizaciones sociales desde 1979 hasta hoy bajaron un 6%, de un 34,3%, a un 28,3%. Estos 6 puntos supondrían hoy 30.000 millones. También se pueden aumentar quitando con más decisión el tope de cotización para los sueldos por encima de 4.495 euros mensuales. Denunciando las empresas que utilizan falsos autónomos. Quitando las reducciones y bonificaciones de cuotas sociales salvo casos justificados, porque no sirvieron para crear más empleo, si no para incrementar los beneficios empresariales.
En definitiva, el Movimiento Pensionista considera que la financiación de la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones puede cubrir perfectamente los gastos sociales que permiten tener una vida digna a todas las personas. Porque pensamos que no se trata de recortar gastos, si no de elevar los ingresos y de un reparto más equitativo de la riqueza. En el siguiente artículo, analizaremos los planes privados de pensiones y de cómo aumentan la desigualdad.