Violencia antifa: la nueva censura del siglo XXI
Los recientes ataques a un periodista de El Español, el boicot a etapas de la Vuelta Ciclista a España o la proliferación en universidades de «cursos antifascistas» no son hechos aislados. Son manifestaciones de un fenómeno que crece amparado por la pasividad institucional y la complicidad política: el movimiento antifa. Bajo la bandera del antifascismo, se extiende un discurso que convierte en «fascista» a cualquiera que se atreva a disentir del pensamiento dominante. Se trata de una estrategia de demonización del adversario ideológico como paso previo a su eliminación, primero cívica y, llegado el caso, física.
El antifascismo, en su origen, surgió en la República de Weimar en 1932 con la fundación de la Antifaschistische Aktion, impulsada por el Partido Comunista Alemán. Su objetivo no era solo combatir al nazismo, sino también subvertir el orden liberal parlamentario al que consideraban una herramienta del capitalismo. Desde entonces, el movimiento ha mantenido un componente revolucionario que busca, más que proteger la libertad, derribar el sistema que la garantiza. Su iconografía —el puño en alto, la estética de combate, el uso del término «resistencia»— conserva esa impronta de enfrentamiento permanente.
En España, las células antifa han encontrado terreno fértil en las universidades, donde el discurso ideológico ha desplazado al debate libre. El aula, concebida como espacio de conocimiento, se ha transformado en tribuna de adoctrinamiento. Profesores y colectivos afines organizan cursos «antifascistas» que, bajo apariencia académica, sirven para reforzar un único relato político. No se busca comprender el fenómeno totalitario en todas sus formas, sino identificar un único enemigo: el «fascista» imaginario, en quien se proyecta toda disidencia. En este clima, discrepar ya no es un ejercicio de libertad, sino un riesgo de estigmatización.
El problema no reside solo en la existencia de grupos radicales —siempre los ha habido—, sino en el silencio de quienes deberían condenarlos. La izquierda institucional, lejos de marcar distancia con la violencia, opta por mirar hacia otro lado o justificarla bajo la coartada moral del «antifascismo». La tibieza de sus líderes ante los ataques a periodistas o la censura en espacios públicos demuestra una peligrosa deriva: la tolerancia con la intolerancia. Una fiscalía inactiva y un Gobierno más preocupado por el relato que por el orden agravan la sensación de impunidad.
España ha conocido antes episodios de intolerancia política disfrazados de justicia social. En 1934 y 1936, sectores que se decían defensores del pueblo recurrieron a la insurrección y la violencia para impedir que el resultado de las urnas alterara su proyecto ideológico. Hoy, salvando las distancias históricas, asistimos a una reedición simbólica de aquella dinámica: la idea de que solo una parte del país tiene legitimidad moral para gobernar. Si las urnas se equivocan, se corrigen con fuego en las calles.
El movimiento antifa no es una amenaza por su tamaño, sino por su influencia. Su fuerza radica en el miedo que genera. En el miedo de un profesor que calla para no ser señalado. En el periodista que evita cubrir una manifestación. En el estudiante que se autocensura para no ser tildado de reaccionario. Es así como se impone el pensamiento único: no mediante leyes, sino mediante la intimidación.
Lo más inquietante es que esta nueva censura llega envuelta en el lenguaje de la libertad. Quienes se proclaman «antifascistas» han convertido el antifascismo en un dogma excluyente. Pero una sociedad que solo admite una forma de pensar no es antifascista: es simplemente otra forma de totalitarismo.
Si España desea preservar su democracia liberal, debe recuperar el valor del disenso. No hay libertad sin pluralidad, ni pluralidad sin respeto a la palabra del otro. Y si permitimos que quienes gritan más fuerte decidan quién puede hablar, pronto descubriremos que nadie podrá hacerlo.