Los narcos ganan las calles: el crimen sin fronteras desafía a la ley

Los recientes tiroteos de Sevilla y Toledo demuestran que el crimen organizado o «crimen sin fronteras» ya no teme al Estado. Policías malheridos de bala en emboscadas, armas de guerra en las calles, violencia desatada y un Ministerio del Interior incapaz de garantizar ni medios, ni respaldo, ni autoridad. Las mafias del narcotráfico avanzan, la ley retrocede y los agentes son una suerte de carne de cañón.

Ya no hablamos solo del Campo de Gibraltar o de las rías gallegas: el narco conquista el Guadalquivir, se asienta en Levante, sube hasta la Costa Brava y penetra en Madrid, entre otras muchas zonas. Los traficantes, foráneos y nacionales, colonizan territorios y desafían abiertamente al Estado con la violencia. El asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 en el puerto de Barbate a manos de narcolancheros lo puso de manifiesto. Aquel suceso no fue un hecho aislado, sino el síntoma de la debilidad institucional que nos corroe. Más recientemente, las tremendas escenas de Isla Mayor, en Sevilla, y de El Casar de Escalona, en la provincia de Toledo, son una radiografía brutal de lo que sigue ocurriendo cuando el crimen organizado se siente impune. Policías tiroteados, uno de ellos quedó entre la vida y la muerte, fusiles de guerra AK-47 en manos de los criminales, operaciones que terminan a balazos en mitad de la calle... ¿Y cuál es la respuesta del Ministerio del Interior?: blanquear las estadísticas en los despachos. O peor aún, disolver el OCON-Sur en 2022, la unidad de élite que luchaba exitosamente contra el tráfico de drogas en Andalucía. El Gobierno deja abandonados a su suerte a quienes sostienen la ley en los márgenes del país, especialmente. No hay chalecos antibalísticos para armas largas. No hay vehículos blindados. No hay recursos suficientes. Pero sobran políticos que pontifican sobre seguridad sin conocer un solo principio de ciencia policial ni el riesgo real que asumen quienes la ejercen. Todavía se recuerda con indignación y verdadero asco cómo el delegado del Gobierno en Madrid declaró en una rueda de prensa que habían hecho más los herederos políticos de la banda terrorista ETA por este país que aquellos que llevan la bandera de España en la muñeca o en cualquier otro lugar. De este modo, no es de extrañar que el principio de autoridad se haya evaporado de las calles. Los narcos ya no se esconden: se atrincheran, abren fuego y retan. Gritan «matad a los perros» cuando llegan los agentes y disparan a matar. Saben que, si los detienen, saldrán pronto. El mensaje es claro: quien arriesga su vida por el Estado tiene menos protección que quien aprieta el gatillo contra él. La estadística real no engaña: los asesinatos consumados suben un 4,5%, los secuestros un 8,3%, las agresiones sexuales un 6,7% y el cibercrimen un 15,4%. Pero es el narcotráfico, según la Memoria Anual de la Fiscalía Especial Antidroga, el que marca el grave pulso del deterioro: ha crecido un 32,16%. Las rutas de los cárteles encuentran en España por su situación geoestratégica el paraíso logístico perfecto. Marruecos, el mayor productor del mundo de hachís está a 15 kilómetros del litoral peninsular. Por su parte, la cocaína entra desde Latinoamérica a toneladas, incluso en narcosubmarinos, por los puertos del sur, del levante y del cantábrico. Costas permeables, corrupción al acecho y un marco penal que no disuade a nadie. Cada vez más bandas operan como auténticos ejércitos privados, armados, coordinados y con tecnología superior a la de las propias FFCCS. España se ha convertido, de facto, en el punto de entrada del narcotráfico europeo. Somos la pequeña Colombia de la UE. Y mientras tanto, se sigue negando la evidencia. Los representantes de los sindicatos policiales llevan años clamando en el desierto. Reclaman que su profesión sea reconocida de una vez como de riesgo. Exigen medios, chalecos para armas largas, protección jurídica frente a quienes les acusan cuando se defienden, y que se declare estas zonas como de especial singularidad. Piden, en definitiva, respeto institucional. Pero lo único que reciben son promesas huecas. No hay nada más cruel que exigir a un policía que se juegue la vida sabiendo que el Estado no va a respaldarle. España se precipita hacia un escenario de máxima gravedad: vamos camino de convertirnos en un narcoestado, como advierten los especialistas y apuntan los balances honestos sin adulterar. Un reciente estudio en colegios del Campo de Gibraltar arroja un resultado tan desgarrador como veraz —lo he visto sobre el terreno con mis propios ojos—: muchos jóvenes sueñan con hacerse narcos como sus ídolos, «para tener dinero y ser importantes». Evidentemente, el desafío es político, no solo de carácter policial. El Estado debe actuar con decisión: dotar medios, adecuar leyes y recuperar la autoridad perdida. Porque un país que no protege a sus policías ante la delincuencia está condenado a que los criminales impongan su selva particular. Y eso, tristemente, ya está ocurriendo en España.