Carta abierta al subdelegado del Gobierno

Estimado subdelegado en León: Veo, no sin cierta tristeza, que no tiene en mi la confianza y la consideración que yo sí tengo en usted. Lo digo porque varios alcaldes y alcaldesas me han comunicado que en el día de ayer atendieron una llamada suya para recibir explicaciones acerca de la inversión, justamente publicada ayer en prensa, de casi ocho millones de euros para arreglar la N-630. No es que sienta recelo sino extrañeza por no ser yo también informado de viva voz de tan grata noticia, que además cita textualmente al municipio de Onzonilla.

Entienda que cuestione la noticia y el anuncio. Onzonilla, el sur de León y, en general, la provincia llevan demasiado tiempo esperando inversiones serias en sus infraestructuras básicas. La N-630, un eje vertebrador para miles de vecinos, trabajadores, agricultores, transportistas y estudiantes, arrastra un deterioro acumulado que compromete la seguridad y la cohesión. Su estado es bien conocido: baches profundos, firme agotado, arcenes inestables y señalización insuficiente. La carretera ha llegado a un punto en el que los parches ya no ocultan el problema; solo lo prolongan. Por eso los ayuntamientos, también Onzonilla, convocaron una manifestación para exigir una solución real. Y esa protesta, absolutamente legítima, es también un síntoma de salud democrática: una ciudadanía que participa, que se organiza y que recuerda a las instituciones que su obligación es atender las necesidades del territorio, no administrarlas desde la distancia. Ayer, justo en vísperas de la movilización, el Ministerio difundió una noticia anunciando la próxima licitación de 7,9 millones de euros para rehabilitar 51 kilómetros de la N-630. Pero el anuncio tiene dos problemas difíciles de ignorar. Primero: la licitación aún no está publicada en el BOE, lo que significa que hoy no existe ningún procedimiento abierto, ni garantías jurídicas, ni fechas de inicio, ni empresas adjudicatarias. Es una intención, no un compromiso administrativo real. Segundo: la cifra anunciada plantea dudas razonables. Menos de ocho millones para más de cincuenta kilómetros sugiere un coste por kilómetro que difícilmente puede considerarse una actuación estructural. En proyectos de conservación integral, los precios medios por kilómetro suelen ser notablemente superiores cuando se busca renovar el firme de manera profunda y no solo realizar una capa de rodadura o un fresado superficial. Me temo que de realizarse así, en unos pocos meses, reaparezcan grietas y deformaciones. La oportunidad del anuncio —justo dos día antes de la manifestación— invita a pensar que más que informar, pretende desactivar el malestar vecinal. Pero la confianza pública no se recupera con titulares oportunos, sino con obras reales, presupuestos suficientes y calendarios transparentes. Por eso he animado a mis vecinos y vecinas a seguir adelante con la protesta. Los convocantes no pedimos más que lo que se garantiza en cualquier territorio bien atendido: infraestructuras dignas, seguras y modernas, capaces de sostener la vida social y económica. En una zona golpeada por la despoblación, la falta de inversiones actúa como un acelerador del abandono: sin carreteras fiables no hay empresas que se instalen, no hay trabajo y no hay familias que se queden. Esto no es cuestión política. Es una reivindicación que traslado a todas las instituciones sean del color que sean. El martes se lo dije en persona al Presidente de la Junta de Castilla y León y a los representantes provinciales en la Diputación siempre que tengo ocasión y que defiendo siempre. Una carretera en buen estado no es un lujo: es una condición mínima para que los pueblos tengan presente y puedan tener futuro. Reciba un cordial saludo.