Ni limpia, ni fija, ni da esplendor… y ni falta que hace

Con el título Por qué ni limpia ni fija ni da esplendor, el escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte polemizaba recientemente sobre las funciones que, a su juicio, la Real Academia Española ya no cumple. En concreto, aquellas que figuran en su histórico lema fundacional —Limpia, fija y da esplendor— y que la institución arrastra desde 1713.

El artículo, de una extensión inusualmente generosa para un periódico como El Mundo, incurre sin embargo en una carencia que no es menor: la ausencia de contexto histórico. Un contexto imprescindible si se pretende entender no solo el lema, sino la propia razón de ser de la Academia. La RAE nace en 1713, el mismo año en que concluye la Guerra de Sucesión española. No es una coincidencia, sino una consecuencia directa. Con la llegada de los Borbones se impone una nueva concepción del poder: centralista, uniformadora y de clara inspiración francesa. La Academia fue la primera de una serie de instituciones destinadas a fijar un modelo único —lingüístico, cultural y político— para un territorio diverso. Conviene recordar que la Guerra de Sucesión no fue un conflicto doméstico, sino una auténtica guerra mundial

avant la lettre, con escenarios en Europa, América y Asia. Lo que estaba en juego no era únicamente la corona española, sino el control de las rutas comerciales que Francia ambicionaba desde hacía décadas. No es casual que, tras la contienda, los pabellones franceses dominaran los buques mercantes en antiguas rutas españolas. La fundación de las reales academias responde, por tanto, a un proyecto político: controlar la lengua para controlar a la población. Quien fija el idioma fija también los márgenes del pensamiento y del disenso. Ese conflicto, lejos de haber desaparecido, sigue hoy presente en España, alimentado una y otra vez por intereses políticos que utilizan la lengua como arma arrojadiza. El Siglo de Oro español no necesitó ninguna academia para producir a Cervantes, Quevedo o Lope de Vega. La lengua floreció sin tutela institucional, como florecerá también ahora. El español avanza, se transforma y se expande con una vitalidad que no depende de dictámenes ni de solemnidades. No pertenece a una élite ilustrada, sino a la comunidad de hablantes en su conjunto: tanto a un premio Cervantes como a cualquier ciudadano anónimo. La lengua no necesita santones ni sacerdotes. Nadie puede sostener seriamente que la variedad lingüística de un español deba imponerse sobre la de otro. El uso y el tiempo hacen su trabajo con una eficacia implacable. Todo lo demás es pataleo o nostalgia. Solo se limpia lo que está sucio. Convertir a Cervantes o a Quevedo en canon normativo resulta paradójico, cuando ellos mismos escribieron utilizando la lengua viva de su tiempo. El idiolecto cambia, y hoy lo hace más rápido que nunca. Cada hablante posee el suyo, condicionado por su época, su entorno y su necesidad de comunicarse. Porque esa es, en última instancia, la única función real del lenguaje: permitir que nos entendamos. En ese sentido, la Academia solo puede —y solo debería— ejercer de notario: constatar cómo se usa la lengua, no imponer cómo debería usarse. Las normas rígidas sirven, en el mejor de los casos, para rellenar temarios escolares; en el peor, para generar complejos y exclusiones. No hay palabras mejores que otras. Es válida aquella que comunica mejor, la que cumple su función. Del mismo modo, la lectura no debería sacralizarse. Leer es un placer, no una obligación ni una prueba de superioridad moral o intelectual. No se lee para hacer muescas en la culata del fusil cultural. Obligar a leer determinados libros en escuelas e institutos rara vez produce amor por la literatura; a menudo logra justo lo contrario. Los libros llegan cuando se los busca, no cuando se los impone. Algunos lamentos forman parte inevitable de la edad: la sensación de que todo empeora, de que el mundo ya no es como debería ser. Pero el tiempo no atiende a quejas. Se pueden dictar normas, redactar reglamentos, levantar muros… y aun así el uso acabará arrasándolo todo. La Real Academia Española tiene el deber de custodiar un valioso legado material y documental. Puede, si así lo desea, mantener su actividad como observadora del idioma. Pero nada más. No es una orden dominica ni un tribunal de pureza lingüística. La lengua no se salva imponiéndola. Se salva dejándola vivir.