La confianza: el honor del uniforme y la verdad del periodismo

Hay palabras cuyo valor solo descubrimos cuando empezamos a perderlas. Ocurre con la libertad, con la justicia y también con la confianza. Mientras forman parte de la vida cotidiana apenas pensamos en ellas; cuando comienzan a resquebrajarse comprendemos que sostenían silenciosamente buena parte de nuestra convivencia. Las instituciones viven de esa confianza. También los periódicos. Ninguna ley puede imponerla y ninguna campaña de comunicación logra recuperarla cuando se ha perdido. Se conquista lentamente, mediante una conducta constante, y puede desaparecer en muy poco tiempo.

Pocas instituciones españolas han sabido conservar ese patrimonio con tanta solidez como la Guardia Civil. No ha sido fruto del azar ni de una cuidada estrategia de imagen. Su prestigio se ha construido durante casi dos siglos de servicio silencioso, de presencia cotidiana en nuestros pueblos y carreteras, de noches de invierno, de auxilio en los momentos difíciles y de una forma de entender el deber donde el protagonismo siempre ha ocupado un lugar secundario. Quienes vivimos en una provincia como León sabemos bien que la Guardia Civil no es una realidad abstracta ni una institución lejana. Tiene el rostro del agente que patrulla una carretera comarcal de madrugada, del que acude a un accidente cuando todos duermen, del que entra en una vivienda aislada para auxiliar a una persona mayor o del que llama a una puerta para comunicar la peor de las noticias. Esa cercanía explica mejor que cualquier encuesta el respeto que sigue despertando entre la inmensa mayoría de los ciudadanos. Precisamente por eso produce una cierta inquietud comprobar con qué facilidad la Guardia Civil acaba siendo arrastrada al debate político cada vez que surge una controversia de relevancia pública. Unos intentan convertirla en argumento contra el Gobierno; otros sienten la tentación de utilizarla como escudo del poder. Ambos se equivocan. La Guardia Civil no pertenece al Gobierno, porque los gobiernos pasan. Tampoco pertenece a la oposición, porque la oposición también cambia. Pertenece al Estado y, por ello, a todos los españoles. Su fuerza moral consiste, precisamente, en haber servido con idéntica lealtad bajo ejecutivos de muy distinta orientación política sin dejar de ser lo que siempre ha querido ser: una institución al servicio de la ley y del interés general. Esa neutralidad constituye uno de los grandes aciertos del modelo constitucional español y convendría preservarla con el mismo cuidado con el que se protege cualquier otro patrimonio común. Las instituciones dejan de ser verdaderamente de todos cuando alguien pretende apropiarse de ellas para convertirlas en patrimonio de una causa, por noble que esta se considere. Lo que pertenece a todos acaba empobreciéndose cuando unos pocos intentan hacerlo suyo. Algo parecido comienza a suceder con una parte del periodismo. Conviene decirlo con toda claridad: España cuenta con periodistas magníficos que continúan honrando diariamente su profesión con independencia, rigor y valentía. Gracias a ellos conocemos abusos de poder, escándalos de corrupción e injusticias que jamás deberían permanecer ocultas. Precisamente porque ese periodismo existe, resulta legítimo preocuparnos cuando observamos una deriva distinta, caracterizada por la creciente dificultad para separar la información de la interpretación, la noticia de la opinión o la investigación del prejuicio. Vivimos en una sociedad dominada por la impaciencia. Todo parece exigir una respuesta inmediata. Queremos explicaciones rápidas, culpables rápidos y sentencias rápidas. También el periodismo sufre esa presión. Sin embargo, su obligación no consiste en competir con la velocidad de las redes sociales, sino en ofrecer aquello que estas casi nunca proporcionan: contexto, contraste y prudencia. Informar exige, antes que nada, aceptar que la realidad suele ser más compleja que el titular con el que pretendemos resumirla. Lo hemos comprobado recientemente con una controversia que afectó a dos altos mandos de la Guardia Civil. Bastaron unas grabaciones difundidas parcialmente para que muchos creyeran innecesario esperar al esclarecimiento completo de los hechos. El relato llegó antes que la investigación. La necesidad de encontrar culpables se impuso al deber de comprender. Y esa inversión del orden natural de las cosas constituye uno de los mayores riesgos del periodismo contemporáneo. No se trata de defender a unas personas ni de desacreditar a otras. Tampoco de cuestionar el derecho de cualquier periodista a expresar libremente sus opiniones. Se trata, simplemente, de recordar que la primera obligación de quien informa consiste en respetar los hechos, incluso cuando estos obligan a modificar una interpretación inicial. La rectificación nunca ha sido una derrota del periodismo; al contrario, constituye una de sus mayores fortalezas, porque demuestra que la fidelidad a la verdad pesa más que el orgullo de quien escribe. Quizá por eso convenga recuperar una virtud que parece haberse vuelto incómoda: la mesura. La mesura para esperar antes de juzgar, para desconfiar de las certezas inmediatas y para aceptar que ninguna persona, ninguna institución y ningún acontecimiento caben enteramente en un titular. La prisa puede producir grandes exclusivas; rara vez produce grandes verdades. Hannah Arendt escribió que la libertad de opinión pierde todo su sentido cuando los hechos dejan de ser respetados. La observación mantiene hoy una vigencia sorprendente. Las opiniones son libres y deben seguir siéndolo. Los hechos, en cambio, exigen una lealtad que ningún interés político, económico o ideológico debería quebrantar. Cuando dejamos de compartir ese respeto por la realidad, el debate público deja de buscar la verdad para limitarse a enfrentar relatos incompatibles entre sí. El duque de Ahumada comprendió hace casi dos siglos que ninguna institución podía aspirar a perdurar si antes no conquistaba la confianza de los ciudadanos. Por eso escribió en la Cartilla del Guardia Civil una frase que ha sobrevivido al paso del tiempo porque habla de algo mucho más profundo que una norma disciplinaria:

«El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás.» Tal vez esa advertencia no pertenezca únicamente a quienes visten un uniforme. También interpela a quienes ejercen la responsabilidad de informar, de juzgar, de gobernar o de enseñar. Porque el honor no es otra cosa que la confianza merecida. Y ninguna democracia puede conservarse mucho tiempo cuando quienes sirven a las instituciones —o quienes escriben sobre ellas— olvidan que la verdad siempre debe estar por encima del relato.