Reformas

ES cierto que hay algunas personas que bajo la denominación de periodistas ejercen el innoble oficio de la murmuración. Es cierto que hay, llamémosles colegas, que vituperan, insultan y ensucian el honor de personas decentes, que se ven impotentes de restituir su buen nombre. Es cierto. Pero tratar de que en los casos judiciales de respeto al honor, los periodistas condenados en primera instancia deban pagar las multas impuestas, sin esperar lo que pueda decir otra instancia judicial superior es discriminar anticonstitucionalmente a un presunto delincuente de otro o, peor aún, arrumbar la presunción de inocencia de los periodistas. Que un gran estafador de ingeniería financiera pueda aplazar las condenas pecuniarias de millones de euros, mientras se resuelvan sus recursos, y que el modesto director de una revista provincial tenga que cerrar para hacer frente a unos miles de euros de multa, aunque después se descubra que no era culpable, no parece una legislación razonable, sino más bien una chapuza discriminatoria que puede causar daños irreparables. Entiendo los nerviosismos de los legisladores por este ambiente espeso y denigrante que se detecta en algunos sectores periodísticos, pero aunque haya periodistas que hagan de su cometido una felonía, hay que demostrar que el felón lo es, sin dejarle desamparado en su derecho a los recursos que recoge la legislación vigente, aunque haya por ahí un proyecto de reforma del Código Civil que puede convertirse en una reforma altamente peligrosa.