Diario de León
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UNA borrasca ha agitado las páginas del Código Penal. La reforma legislativa modifica 175 artículos, lo que si bien se lee, supone una alta proporción, teniendo en cuenta que el llamado «Código Penal de la democracia», aprobado hace siete años, contiene 639. Estamos pues ante una edición tan corregida y aumentada que puede considerarse como un libo nuevo. Ha sido el crecimiento de la criminalidad el que ha obligado a las modificaciones, pero nos queda la duda de si ese crecimiento era irresistible o es que el Gobierno no ha sabido oponerle resistencia a tiempo. Dista mucho de ser una buena noticia que el Ministerio de Hacienda haya concedido una partida extra de 180 millones de euros para construir cuatro nuevas cárceles. Una buena noticia sería que el Ministerio del Interior hubiera tenido que cerrar cuatro cárceles por falta de clientes. El buen funcionamiento de una sociedad no se mide precisamente por el número de policías y de carceleros. Entre las novedades hay algunas largamente esperadas, que bien pueden estimarse como una forma de modernización. ¿A quién puede parecerle mal que se castigue la ablación de extranjeras emigrantes o que se endurezcan las penas para los valerosos maridos nacionales que apalean a sus esposas? Lo que sí es más opinable es que la repetición de faltas se convierta en delito. Una cosa son las faltas y otra los delitos. También es discutible el hecho de que se consideren más eficaces las penas mientras más duras sean. Puede afectar negativamente a las reinserciones. Cuando no se deja títere con cabeza se acaba apelando a la guillotina. De ningún modo hay que pensar que las medidas sean innecesarias. Lo que ocurre es que es lamentable que se haya producido la necesidad de adoptarlas. Además, la modificación de una cuarta parte del Código Penal de una tacada parece algo excesivo. Todo sea por la seguridad ciudadana. Hasta los atracadores desean ir por la calle sin miedo a que otro atracador les quite la pistola.

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