Comunidades históricas
LAS personas con responsabilidades públicas han de ejercitar el arte o virtud de prudencia, del que magistralmente escribió en el siglo XVII Baltasar Gracián, el jesuita aragonés hoy nuevamente de moda. «Todas las cosas, dice, se han de saber tomar, no por el corte, que ofenden, sino por la empuñadura, que defiendan»; también: «No hay cosa que requiera más tiento que la verdad, que es un sangrarse del corazón». Cierto, pero igualmente aconsejó que «el hombre de bien no puede dejar de decir la verdad». Y la verdad, como enseñaba el italiano Antonio Gramsci, es revolucionaria, aunque a muchos no les guste escucharla o reconocerla. Esta semana ha habido muchas opiniones sesgadas y sectarias: mucho exigir prudencia, pero casi nadie, con la excepción de algunos historiadores, defender la verdad. Manuel Jiménez de Parga ha levantado una tremenda polvareda con sus declaraciones en torno a lo anticuado e injusto del término «comunidades históricas», que se aplica, sin justificación aparente, exclusivamente a las de Cataluña, País Vasco y Galicia; pero no ha dicho más que una obviedad, por más que algunos se rasguen las vestiduras, como hacedn cuando alguien se atreve a defender la unidad de españa. Todos, desde los nacionalistas que lo demonizan hasta los ministros del PP que lo critican, saben que lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional es una verdad tan de perogrullo, que ni siquiera merece la pena discutir. El término históricas aplicado a unas comunidades es una aberración, pues no hay nada al margen de la Historia. Todas las comunidades son, por eso mismo, históricas. Lo que se pretende indicar con ese pedante adjetivo es que, durante la República o en los primeros meses de la guerra, algunas comunidades lograron que se les reconocieran estatutos de autonomía; pero tanto con la constitución de 1931 como con la de 1978, más tarde o más temprano todas las regiones españolas gozarían de estatutos similares; y por tanto, sin privilegios exclusivos de unas frente a otras. Ese es el quid de la cuestión: una España sin privilegios territoriales. Reiterar el adjetivo es defender la desigualdad, vindicar el privilegio sobre la base de rasgos idiosincrásicos propios, como la lengua. Esto es lo que hoy, en sociedades tan plurales como las nuestras, no se puede aceptar. Aunque hubiéramos tenido historias diferentes, que no ha sido así por cierto, hoy, sobre la base de la constitución que nos ampara, no podemos admitir semejantes privilegios. Esos privilegios, que algunos publicistas y políticos se niegan a reconocer, existen para los nacionalistas en sus comunidades frente a los que no lo son, como ocurre en el País Vasco y en Cataluña, en la lengua, en la escuela, en las elecciones, en la libertad de movimientos, etcétera; pero, y esto no es menos grave, existen igualmente en las desigualdades económicas y en las diferencias en el nivel de vida que hay entre comunidades, como pone de manifiesta esta semana el estudio realizado por la Caixa respecto al bienestar social: En él se evidencian las profundas desigualdades sociales en la España de las autonomías: Galicia, por ejemplo, será definida como comunidad histórica, pero está a años luz Cataluña y País Vasco, que a su vez están más cerca de madrid, Navarra o Baleares. Su nivel de vida es semejante a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Nuestra comunidad a penas supera el aprobado, pero con profundas desigualdades provinciales. Valladolid, Burgos y Salamanca aventajan, en la mayor parte de los parámetros, a León y Zamora, que están a la cola de la comunidad y del conjunto del Estado. Me opongo a seguir manteniendo ese adjetivo sonrojante, pero no por razones históricas, sino por lo que implica de insolidaridad y de desigualdad entre comunidades. Eso es lo que justifica, y le da verdadero sentido a las verdades del andaluz Jiménez de Parga. La prudencia no puede contradecir la verdad.