Matar al mensajero

LEJOS de mi ánimo salir a defender los colores de la televisión o la radio pública, que se defienden bien sin mí. Ni tampoco resaltar las ventajas de mantener medios de comunicación públicos coexistiendo con los privados, que son ventajas que a mí siempre me parecieron evidentes. Pero ahora estamos ante una fase de acoso a TVE, y a algunos de sus profesionales, que pienso que precisa algo más que dejar pasar la cosa en silencio. Matar al mensajero es práctica desaconsejable. Aunque el mensajero utilice voz propia, exagere o ponga el énfasis en determinados pasajes del mensaje, minimizando otros aspectos que tal vez eran los que más interesaban al emisor, o a terceros. Una vez que se confía el mensaje a alguien, la personalidad irrepetible de cada persona hará que ese alguien lo repita en función de su percepción, de su recuerdo, de su sensibilidad o hasta, si usted quiere, de sus intereses. Porque el hombre es él y sus circunstancias, y todo tiene un porcentaje de subjetivo cuando atañe a la condición humana. Es lo que le ocurre muchas veces a TVE, de la que he sido un orgulloso colaborador en diferentes momentos y circunstancias políticos: he podido constatar demasiadas veces cómo todos piensan que la televisión (o la radio) pública les boicotea, que saca su peor ángulo, que les realza las ojeras. Y todo ello, siempre se supone que al servicio de oscuros intereses. En demasiadas ocasiones, el mensajero, es decir, los medios públicos, se convierte en objeto de ataques por el partido que está en la oposición. En el caso que suscita esta reflexión, un sindicato presentó una demanda contra el tratamiento que en televisión se daba a la huelga general. La Audiencia Nacional ha dado la razón al sindicato, y un gran revuelo ha acompañado a esta sentencia. Todo ello, legítimo y quizá hasta razonado y razonable, pero acaso inconveniente. Porque ¿cuántas otras demandas, sobre otras muchas cuestiones planteadas en relación con lo que aparece en la pequeña pantalla, han sido desestimadas, en medio del silencio general? Con ello quiero decir que apañados estaremos los profesionales de los medios si cada colectivo que se sienta perjudicado por los aspectos resaltados o minimizados en una información acude contra nosotros a los tribunales. No soy tan ingenuo como para pensar que la información y sus circunstancias en la televisión pública está ajena a las interferencias de la clase política (de toda la clase política, claro, aunque quizá siempre sean mayores las presiones de los gobernantes de turno). Tantas interferencias, imagino, como en las otras grandes cadenas de televisión o, si vamos a ello, como en casi todos los medios. Una larga experiencia me dice que las presiones son consustanciales al cargo de director de un medio, de cualquier medio, en cualquier país y bajo cualquier régimen político. Por ello, cargar contra el director de los informativos de TVE, Alfredo Urdaci, como si él fuese el culpable de todo un estado de cosas que debería empezar a cambiar desde la forma de designación del director general del Ente, continuando por la composición del consejo de administración de RTVE, me parece excesivo e injusto. Urdaci es un excelente y serio profesional sometido a demasiados agobios en su trabajo diario. Alguna vez he comentado con sucesivos responsables de los servicios informativos de TVE que su labor es, simplemente, un infierno, y ninguno me lo ha negado. Hasta el punto de que, por ejemplo, la retransmisión de los mítines de los diferentes partidos durante las campañas electorales se ha convertido, por las imposiciones de unos y otros, en casi una pieza de propaganda para todos ellos, y el redactor que acompaña a cada formación política es casi un mero micrófono ambulante. Posiblemente, los controles de todo tipo que pesan sobre ese cargo de director de informativos, que ahora, coyunturalmente, recae en Urdaci, son más que los que existen sobre cualquier medio privado: un Consejo de Administración «político» que se involucra diariamente en los contenidos de la programación, un denominado Consejo Antimanipulación, formado por los trabajadores de la casa, incluyendo a los representantes sindicales, y, naturalmente, la comisión parlamentaria, donde resulta inevitable que socialistas, IU y nacionalistas -antes eran el PP, IU y nacionalistas, además, siempre, del grupo mixto- zurren la badana al director general compareciente. Difícil, muy difícil, mantener los informativos de TVE en el primer puesto del «ranking» frente a sus competidores. Sé que vivimos malos tiempos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión; nunca son del todo buenos, porque siempre los diferentes poderes tratan de ejercer cierta influencia sobre el contenido de los medios. Judicializar la fiscalización de estos contenidos, como ahora ha ocurrido con la información -posiblemente incompleta, lo acepto; no es este aspecto el que más interesa ahora discutir- de TVE sobre la huelga, nos llevará inevitablemente a la autocensura, a la que, por otro lado, ya nos incitan suficientemente algunas leyes inconvenientes para el derecho a la información. Sé, también, que posiblemente existan más llamadas de ministros a los medios públicos que a los medios que se inclinan por la oposición. Pero habría que analizar, con el mismo rigor y exhaustividad con que diariamente se hace a RTVE, los contenidos de otros grandes medios, sujetos, como es lógico, a sus propias percepciones e intereses políticos y empresariales. No quiero hacer un mártir ni un héroe de Urdaci, de sus superiores o de sus inferiores, tantos excelentes profesionales que se esfuerzan en cumplir diariamente con su cita con la información; simplemente, creo que el foco hay que colocarlo en otro sitio, y no en el mensajero. ¿Para cuándo un compromiso ante notario, de todas las formaciones políticas y con fechas de inexcusable cumplimiento, para designar por otros métodos a los responsables del Ente? Porque las promesas preelectorales son muchas, pero luego, las realidades poselectorales, pocas. Mientras tanto, lo más fácil es sacudir sin pausa a los urdaci de turno, desde fuera y hasta desde dentro del Ente, que, al fin y al cabo, sale gratis.