La debilidad del pequeño comercio

RESULTA paradójico comprobar los distintos tratamientos sobre las actuaciones que se vienen desarrollando en el conjunto de la gestión administrativa al más alto nivel. Si la Administración fue capaz de enterrar el total de las claves que formaban el famoso «decretazo», de la mano del ministro señor Zaplana, después de una controversia polémica, huelga general incluida, no entendemos como sigue empecinándose en seguir adelante y auspiciado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, a dar autorización a la libertad sin límites de instalaciones de Grandes Áreas Comerciales, incluyendo el «regalo» del calendario total de domingos y festivos. La agobiante insistencia de la oligarquía comercial, elevado al grado sumo de especulación, va consiguiendo el asentimiento a sus «generosos» postulados, ablandando la «intransigente» postura de ese cinismo político que preside la dinámica en los departamentos que entienden de este polémico asunto, gestionados por los funcionarios de turno, con absurdos y falsos planteamientos debido a imposibilidad de su cumplimiento. Desde que comenzó en este país la implantación de esos macro-esperpentos, los elementos interesados en el «negocio» han venido cantando las excelencias y ventajas que proporcionaba a la sociedad en general; omitiendo sin escrúpulos los enormes perjuicios que esta práctica lleva consigo, que explicaremos sucintamente, para que los ciudadanos/as de este país puedan enjuiciar la situación y valorar con criterio propio los pros y los contras de este controvertido proceso; aunque estamos seguros que la mayoría está al tanto de la realidad y fallo del contencioso. Al hacer esta breve exposición debemos recordar que el pequeño y mediano comercio, dentro del macrocolectivo de trabajadores autónomos es el sector que más puestos de trabajo y empleo familiar ha proporcionado al mundo laboral en su totalidad; incluyendo el exagerado colectivo de funcionarios que se escapa al control de una economía debidamente planificada. A pesar de esa justificada condición de ser el sector más ocupacional, jamás se ha tenido en cuenta a la hora de ejercer el derecho a efectuar mínimas reclamaciones. En este aspecto debemos recalcar que el principal obstáculo a estas reivindicaciones ha sido y sigue siendo las organizaciones en defensa del consumidor; esbirros de los P. Políticos cuya misión es la caza de votos para sus «protectores». En oenegés, al servicio de los especuladores, a los pequeños y medianos comerciantes, familiares y colaboradoras laborales, les niegan la condición de consumidores, y lo que es más grave, hasta la de ciudadanos normales. Sistemáticamente se les ha vendido acusando de obstaculizar los servicios necesarios a medida que ha ido aumentando el consumo. Es la mayor de las patrañas que constantemente vienen esgrimiendo los intoxicadores, con sucios manejos, que han entendido que la globalización consiste en concederles patente de corso facilitándoles el camino a la avaricia desmedida. Nunca se han opuesto a la incorporación de medios oportunos al mejor desarrollo de la distribución, de ahí las cadenas de supermercados, con un grado de ocupación laboral bastante aceptable, aplicando una política de precios y atenciones muy considerable, dentro de unos horarios civilizados, más que suficientes para atender las necesidades hasta de los más exigentes; respetando los descansos de domingos y festivos, hoy tan necesarios para la afirmación de la convivencia familiar. Cuando los portavoces y pelotas afines a estos gigantes agitan la bandera de la colocación laboral, no son conscientes de que la verborrea excesiva les juega una mala pasada dejando al descubierto que lo que ellos ofrecen son ocupaciones de hambre y escasas, a cambio de mandar al infierno de los parados a un sinfín de ciudadanos/as que luchan de manera ejemplar por el sustento de los suyos. Las grandes corporaciones financieras no entienden de caridades. Por eso insistimos que a la Administración no le queda otro remedio, no solamente de aplicar una política de contención de ambiciones desmedidas, sino comenzar a plantearse a poco más de medio plazo la posibilidad de erradicar las que se hallan en funcionamiento; ya que en un futuro no muy lejano llegarán a producirse gravísimos conflictos sociales. Las prestaciones fiscales que impecablemente vienen atendiendo los comerciantes, pueden verse gravemente alteradas ante la penuria económica que amenaza al sector. Parece ser que a la más que probable autorización a este despropósito, algunas asociaciones de la Comunidad de Madrid se están planteando la posibilidad de acudir a la huelga, como medio de presión, según apuntan las noticias en los medios de comunicación; pero consideramos, según nuestro modesto criterio, que no es la fórmula adecuada. Cerrar los comercios supondría un beneficio adicional a los «malos de la película»; y la Administración saldría incólume de esta incruenta guerra, que siempre tendrán ganada. Los únicos perjudicados además de los comerciantes, serían aquellos ciudadanos/as que siguen siendo fieles al comercio tradicional. Sería aconsejable que improvisaran otros medios, menos traumáticos, pero sí más efectivos. ¿Por qué no una moratoria voluntaria generalizada a cumplir con las obligaciones fiscales como ensayo a un incumplimiento más efectivo si la Administración siguiera mostrándose reacia a considerar las reivindicaciones de los afectados? Esta propuesta queda por tanto a la consideración de esas asociaciones que han lanzado los avisos de protesta. Afortunadamente estamos en un país de muy buen talante democrático y cuando lo que se defiende es el pan de cada día, no hay poder ni Ley capaz de avasallar los Derecho Humanos. Lo que para la ambición de las grandes Corporaciones financieras, supone no más que un capricho, para la Sociedad de consumo una distracción, para los pequeños y medianos comerciantes representa luchar por la supervivencia.