Uso y abuso del Parlamento

RODRÍGUEZ ZAPATERO acusó hace unos días de ruin, cobarde, indigno y antipatriota, al presidente Aznar, por haber declarado, a la salida de su entrevista con el Rey, que el PSOE «tenía fijada su esperanza política en que llegasen féretros con soldados españoles por la guerra de Iraq». La verdad es que Zapatero se quedó corto. Unas declaraciones tan miserables se merecían la presentación de una querella criminal. El pasado martes se reunió la Diputación Permanente del Congreso para debatir, y en su caso aprobar, las peticiones presentadas por la oposición para que el presidente Aznar y los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores comparezcan ante un pleno extraordinario del Congreso, a celebrar en este mes de agosto, con el fin de informar ante la representación popular sobre la situación que se vive en Iraq y el riesgo que puedan correr los soldados españoles enviados a ese país, todavía en guerra, y sometido a atentados y sabotajes según se está viendo en los últimos días. Como era de esperar, el grupo parlamentario del PP puso en funcionamiento la apisonadora y todas las peticiones de comparecencias fueron rechazadas. El César veranea tranquilamente en Menorca y no hay que molestarle con estas minucias. Mientras, sus colegas de las Azores, Bush y Blair, tienen que afrontar en sus respectivos países, dando la cara, las críticas políticas y mediáticas, y dar explicaciones por haberse embarcado en una guerra justificada con razones y motivos que han resultado ser todo un cúmulo de mentiras y falsedades. Es la diferencia que existe entre unos países en los que funciona el régimen parlamentario democrático liberal y otro que vive sujeto a una dictadura parlamentaria propiciada por el uso y abuso perverso de una mayoría absoluta. Dictadura que no sólo se ejerce desde el poder legislativo, sino también desde el Ejecutivo y, en ocasiones, hasta desde el Judicial. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha declarado recientemente que el Ejecutivo «está obligado a recurrir el plan Ibarretxe para impedir su entrada en vigor». Vamos a ver: el plan Ibarretxe, cuyo texto definitivo no se conoce todavía, ha de ser presentado en septiembre en el Parlamento vasco para su discusión. Y en caso de ser aprobado, y que el mismo suponga la necesidad de modificar el Estatuto de Guernika y/o la Constitución, deberá ser remitido a las Cortes para su aprobación o rechazo definitivo. Y es en caso de ser rechazado cuando se habrá impedido su entrada en vigor. Porque son las Cortes Generales, es decir, el Legislativo, quien ha de dictaminar su viabilidad o no. Luego cabrán los recursos ante el Tribunal Constitucional de quienes no estén de acuerdo con lo aprobado por el Legislativo. Estos son, en mi modesta opinión, los pasos constitucionalmente correctos que hay que dar. Lo que sucede es que aquí hay demasiado nerviosismo. Es la consecuencia del clima catastrófico y de enfrentamientos creado por el pensamiento único y sus propagandistas. Les hace falta un poco de calma y sosiego. Una taza de tila, de vez en cuando, dicen que es remedio de mucho provecho y beneficio.