Vergüenza judicial

PARA LOS ciudadanos que pagamos impuestos y sostenemos por tanto con nuestro esfuerzo las instituciones del Estado resulta sencillamente incomprensible que Francisco Gómez Simón, acusado de un triple crimen en un pueblo de Alicante en 1999 -y confeso de su autoría, que ahora niega- haya salido en libertad sin haber sido juzgado por haberse cumplido el plazo máximo de prisión provisional, que es de cuatro años. La sociedad no entendería que el asunto se zanjase, como casi siempre, con simples amonestaciones a los jueces responsables. Existe una notoria dejación de responsabilidad objetiva en jueces concretos, que es necesario reclamar con la pertinente dureza. Lo ocurrido es una vergüenza que desacredita al tercer poder del Estado en su conjunto.