No cumplen la Constitución

NI CON EL GOBIERNO de González y mucho menos con el de Aznar se han cumplido los principios esenciales de la Constitución. El capitulo más incumplido es el tercero, que trata «de los principios rectores de la política social y económica». No se han cumplido por dos razones: porque la mayoría de las personas que tienen como oficio la política cuando llegan al poder utilizan descaradamente las instituciones para fines particulares y por la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos ante esta conducta. Lo público en nuestra cultura es considerado ajeno a nosotros. Esta actitud es producto del efecto de la ignorancia que produce una educación deficiente y un control de la información real, aquí en vez de información recibimos propaganda. Sí los políticos que anidan en las instituciones, de las que toman el poder y el dinero que, por vía impuestos, pagamos todos, no respetan con precisión los derechos fundamentales que contiene la Constitución, es lógico que pierdan la credibilidad como representantes. El asunto se agrava porque, además de no traducir a la práctica con fidelidad las prescripciones constitucionales, cuando la utilizan juegan con ella y con nuestros derechos. Los ministros designados juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución. En el acto actúa como valedor y testigo el Rey, pero cuando se sientan en el gran despacho lo que hacen, con bastante frecuencia, es pervertirla, porque pervertir la ley es jugar con ella según convenga. Eso es un incumplimiento constitucional. El artículo 1.1. dice que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». No olvidemos que la Constitución (27-12-1978) vino a cerrar el periodo de la dictadura y que, mediante el consenso de las distintas ideologías y sensibilidades se aprobó para crear el marco de convivencia democrática con un fin supremo: facilitar el entendimiento y la calidad de vida a todos, cuestión que requiere salud, educación de calidad y gratuita, defensa del medio ambiente, trabajo, salario digno y derecho a tener una vivienda. Ahí está la dificultad de trabajar, ahí está la inseguridad en el trabajo, ahí está el precio de la vivienda, ahí estála inseguridad ciudadana, ahí está el problema de las pateras y la gente que muere, ahí está también la inseguridad en la carretera. Siguiendo con el itinerario de los derechos constitucionales, tenemos: «Derecho a la protección de la salud (artículo 43.1)». Ahora, después de reconocerlo, la ministra de Sanidad nos dice que quiere desarrollar un programa para prevenir el deterioro de la salud, y lo hace sin atacar a las causas estructurales que lo producen. «Todos tienen derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». Resulta que los científicos nos están diciendo que la contaminación acústica y la emisión de partículas son la causa del deterioro de la calidad de vida y de la salud. ¡ Y no lo toman en serio! «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recurso naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Lo dice el artículo 45.2. «Para quiénes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado» (artículo 45.3). De acuerdo con la Constitución, que la tenemos que cumplir todos pero los que gobiernan con más razón, los promotores del aeropuerto de La Virgen están activando un proyecto que atenta contra la salud, la calidad de vida, el medio ambiente y, en definitiva, contra todos los principio constitucionales. ¿En qué lugar colocan esta gente, estos actores, la salud y la calidad de vida de las demás personas? ¿Por qué no cumplen lo que dice la Constitución? El alcalde de León, Francisco Fernández, propuso hacer un aeropuerto nuevo. Una buena propuesta. Pero ahora matiza: que si se alarga la pista para que aterricen aviones grandes... No se trata de alargar la pista, que es una cosa técnica y de dinero, para que aterricen y despeguen los aviones, que es precisamente la causa del problema. Se trata de no crearnos tres problemas graves que no tenemos: un exceso de ruido, de contaminación atmosférica y el riesgo de un accidente, puesto que los aviones vuelan por encima de las casas en el momento de aterrizaje y despegue. Hay personas, como el presidente de la Diputación, el director de Aena y algunos alcaldes que se comportan frente a este problema cde manera insensible: toman decisiones como si el tráfico de aviones no fuera incompatible con las personas. Es difícil de entender esta insensibilidad a estas alturas. Hace aproximadamente dos años un granjero de conejos, en la provincia de Albacete, denuncio al Ejército del Aire porque el ruido de los aviones perturbaba a los conejos y no se apareaban. Y ganó el pleito, se puede comprobar en la jurisprudencia. Precisamente ahora el director de Aena y los presidentes de la Diputación y de la Junta están acelerando el proceso de las expropiaciones de unas 83 parcelas para alargar la pista hasta dos kilómetros. En ello gastarán (el dinero es nuestro) unos dos mil millones de pesetas. Pero lo que pretenden es alargar la pista a trocitos, para evitar el informe de impacto ambiental preceptivo, por tratarse de una actividad altamente peligrosa y nociva para la salud. El mismo presidente de la Diputación, hace unos días, dijo que «habría que ampliarla hasta los tres kilómetros para la escuela de pilotos». Antes de hacer expropiaciones y gastos deben hacer el estudio de impacto ambiental y hacer público el resultado. Y no lo cumplen. Y lo más grave es que algunos alcaldes callan o colaboran, cuando tienen la obligación de exigir este informe. Todos los que intervienen en este proyecto están violando el artículo 45 y concordantes de la Constitución. Por tanto, habrá que llevarlos ante los Tribunales de la Unión Europea. Espero que el alcalde de León exija el informe antes de que nos sitúen ante hechos consumados. Lo tiene fácil, sólo tiene que apoyarse en la Constitución para salvar a los ciudadanos del ruido que superará el nivel permitido y de la contaminación atmosférica que producirán los aviones, especialmente los de combate. Nadie con sentido común y sentido del progreso se opone a que haya un aeropuerto con pistas y equipamientos modernos, pero nadie con sentido común y respeto a los ciudadanos se le ocurre hacerlo dentro del área metropolitana y a menos de cuatro kilómetros del centro de León sólo porque ya había allí algo. Con los espacios que hay en León, ¿por qué en La Virgen? Hombre, eso es obra de gente roma o que defiende intereses ocultos. Nadie quiere vivir con ruido y contaminación. Quizás estamos ante el caso que los árboles no nos dejan ver el bosque y la causa no nos deja prever los efectos negativos.