Descrédito de la Justicia

CON LA SOLEMNIDAD acostumbrada, ayer se cumplió el rito anual de apertura del Año Judicial, con asistencia de S. M. el Rey, del ministro Michavila y los plenarios del Consejo General del Poder Judicial, del Supremo y del Ministerio Fiscal. Una solemnidad de togas negras, collares fulgentes y condecoraciones de San Raimundo de Peñafort. En los protocolarios discursos del máximo responsable del Consejo, Francisco José Hernando, y del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, no escuché la mínima referencia al aumento de la criminalidad en España, pese a que las Memorias de ambos órganos así lo certifican. La escalada se mantiene imparable en los últimos años hasta encenderse todas las luces de alarma en ciudades como Madrid o Alicante. Algunas reformas, como los juicios rápidos y otras actuaciones para la galería, no han superado la condición de mero maquillje. No se había apagado la solemnidad de togas y triunfalismo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general de los socialistas, daba por roto el Pacto de Estado sobre la Justicia rubricado con los populares. Argumento: la instrumentalización partidaria del mismo por parte del Partido Popular y, sobre todo, por convertir al Ministerio Fiscal en mera correa de transmisión del Gobierno. Es indiscutible. Son tan clamorosos los casos, que ni siquiera los más impenitentes defensores azules lo cuestionan. Casos clamorosos que han acarreado el descrédito correspondiente para toda la Adminsitración de Justicia, soportados por Jesús Cardenal como si fuera una momia inasequible al desaliento. La política del Gobierno y del Ministerio Público ha consistido, fundamentalmente, en descerebrar a los disidentes. Nunca como ahora se pretende instalar, aunque sea en la buhardilla judicial, el pensamiento único. La reacción de Michavila a la ruptura del Pacto fue cargar en las albardas socialistas la misma instrumentalización política. La reacción de Aznar fue más grave. Supone el presidente del Gobierno un desquiciamiento neuronal en la oposición. Ya sería un milagro, más grandioso que el de las bodas de Canaan, ahora que se abre la vendimia, que Aznar reconociera alguna responsabilidad a sus adversarios. Desde el punto de vista estrictamente leonés, nos anuncian la creación del segundo juzgado de lo Contencioso Administrativo. Una buena noticia. Sin embargo, uno de sus valedores, el vicepresidente del Senado, Alfredo Prada, coincidirá conmigo en que, además de llegar tarde, es insuficiente. Lo urgente ya no es-que sí lo es- la creación del segundo juzgado en nuestra ciudad, sino la ubicación de una Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Resulta absurdo e inasumible que León sea la provincia que produce más procedimientos contenciosos de la Comunidad y todas las Salas están en Valladolid y en Burgos. La creación de la Sala también ha sido prometida a León. Quizá tengamos que esperar a la próxima campaña electoral para refrescar la memoria.