Desarrollo sostenible y carbón autóctono

CADA VEZ que por espurios intereses económicos a corto plazo se pretende aumentar la participación de una fuente energética primaria en la generación eléctrica surge una campaña mediática con un solo objetivo: convencer a la opinión pública de las «maldades del carbón nacional». Así pasó, primero con la entrada de las centrales de fuel-oil, después con las nucleares y ahora con el gas. El tiempo, poniendo a cada uno en su sitio, ha demostrado los graves errores que en la planificación energética se han cometido y, por el contrario, el acierto de contar con centrales que quemando carbón autóctono sean capaces de garantizar y estabilizar el suministro eléctrico a un coste medio inferior a medio y largo plazo. Hoy, el centro de interés y de presión está puesto en el gas, y algunas veces, por voces más atrevidas, en la necesidad de complementar la generación con más centrales nucleares para así evitar los «apagones». Nos olvidamos del despilfarro que supone quemar gas noble para generar electricidad a un coste superior al doble del carbón y nos olvidamos, también del coste, prácticamente infinito, de eliminar los residuos radioactivos. No se escuchan voces pidiendo nuevas centrales de carbón, aún cuando hay factores de localización y tecnológicos que favorecen su instalación. El soporte de la actual campaña lo constituye el Protocolo de Kyoto y la Directiva Europea sobre limitación de emisiones. Estas normas, nobles en sus propósitos, están siendo utilizadas para lanzar advertencias sobre el inminente peligro que representa seguir generando electricidad con carbón. Se olvida deliberadamente que la mayor fuente de emisiones contaminantes son los vehículos que funcionan con derivados de petróleo y no la generación de energía eléctrica. Ahora, también se nos vende el kilovatio «verde» como si se tratara de tabaco sin el anuncio de «fumar puede matar». Nos olvidamos, una vez más de que el kilovatio no se puede pintar de colores, de la importancia de su coste o de la imperiosa necesidad de seguridad y garantía en su suministro. También nos olvidamos de que ya existen tecnologías para quemar carbón de forma «limpia» y tan eficiente como cualquier otra fuente de energía primaria excluida el agua. A determinados promotores del nuevo «desarrollo sostenible» sería oportuno recordarles que el agua, el viento y las cimas de las sierras, que se utilizan para generar electricidad son bienes públicos y, en consecuencia, también se debería pagar un precio por cada litro de agua turbinada o por cada metro cuadrado de superficie utilizada o por cada hora de ocupación subvencionada de la red. De acuerdo con lo establecido en la citada Directiva y en el Protocolo de Kyoto, España debe elaborar el llamado Plan Nacional de Asignación de Emisiones antes del 31 de marzo del próximo año 2004 repartiendo, por instalaciones, la cuota de emisión de CO2 asignada a nuestro país. Este Plan se integrará en el futuro sistema europeo de comercio de derechos de emisión que se prevé funcionará a partir del 1 de enero del año siguiente. La Directiva señala multas de 40 ? /t de exceso de CO2 entre los años 2005 y 2007 y 100 ? /t adicionales a partir del 2008, cuando se apliquen los compromisos de Kyoto. En España, las mismas voces que defienden la opción del gas o el uranio para generar electricidad, defienden también, que las instalaciones con carbón autóctono sean penalizadas castigando así la generación con carbón en beneficio de las otras fuentes. ¡Qué obsesión y desconocimiento! Los límites base para las emisiones se fijaron en el año 1990. Las emisiones máximas permitidas para el sector eléctrico en dicho año fueron de 63,3 millones de toneladas de CO2 . En este valor se incluyeron todas las centrales termoeléctricas de carbón, incluidas las que queman carbón de importación, que existían en nuestro país y que son todas las que hay en la actualidad. Desde entonces, la producción nacional de carbón ha descendido en más de un 35% y, por consiguiente, también las emisiones de CO2 generadas han descendido en un porcentaje mayor, ya que las minas cerradas han sido las de carbón de peor calidad. Se deduce, pues, que las emisiones producidas en el año 2004, con carbón autóctono, serán como mínimo inferiores en un 35% a las emitidas en 1990 año base. Recuérdese que la norma permite, sin penalización, un aumento del 15% para el año 2010. Es incontestable, por tanto, que han sido otros combustibles - coque de petróleo, carbón de importación, fuel-oil, gasóleos, gas, etc. - y otras instalaciones energéticas e industriales, las que han provocado que el total de emisiones previsibles en el sector eléctrico, para el año 2010, supere en 7,2 millones de toneladas de CO2 el límite máximo permitido para el sector y, por tanto, que sea penalizado. Es claro que esta penalización no debe recaer sobre el carbón autóctono y que quienes lo pretenden tergiversan la normativa comunitaria. En resumen, desde las empresas mineras, que pretendemos entrar a formar parte de la denominada «reserva estratégica», defendemos no sólo que el carbón nacional no puede ser penalizado como consecuencia de la aplicación de la citada Directiva o del propio Protocolo de Kyoto, sino también, que se nos compense por los derechos de emisión que correspondiendo al carbón autóctono han sido y son utilizados por otros combustibles mucho más contaminantes que han sustituido ese 35% reducido durante los últimos años. Por razones de seguridad energética, de eficiencia económica y de equilibrio social, esta compensación no debe ser otra que la de promover la instalación de una nueva central termoeléctrica, en la cuenca leonesa, más en concreto en el Alto Sil, que gasificando el carbón, o utilizando carbón pulverizado, con tecnología de lecho fluido y dotada de un nuevo sistema de combustión (centrales supercríticas) cumpla con la nueva reglamentación sobre emisiones. Éste sí sería un planteamiento coherente con el desarrollo sostenible.