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FERNANDO ONEGA
León

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HUBO QUE LEER leer varias veces la noticia para darle crédito: todos los cadáveres (32) que analizaron los forenses turcos fueron identificados correctamente; todos los cadáveres (30) que analizaron los españoles fueron mal identificados. Treinta familias han rezado ante otros tantos cadáveres que no eran su ser querido. Treinta familias han llevado flores a una sepultura donde había un militar digno de homenaje, pero no era el suyo. Y eso no ocurrió en la Edad Media. Ocurrió en el año 2003. Tampoco sucedió en una atrasada nación de analfabetos. Sucedió en la nación que afirmaba estar en los primeros puestos de la sociedad del conocimiento. Es un episodio propio de la España más negra que las crónicas pueden recordar. Para la vergüenza colectiva debe quedar, además, el detalle de que los profesionales turcos han funcionado con el mínimo rigor y la mínima ética que se les puede exigir: ha cumplido con su trabajo. ¿Qué decir de los españoles? Tienen derecho a que oigamos, atendamos y entendamos sus explicaciones; pero, mientras éstas llegan, todo sugiere que no estamos ante un error. Nadie, por lerdo que sea, se puede equivocar tanto. Nadie es tan inútil que no acierte en un solo caso. Los indicios apuntan a que no se hizo ninguna identificación. Por urgencias o falta de medios, se trató a los cadáveres como fardos que había que enviar con urgencia a Torrejón para que se hiciera el funeral, pomposamente llamado «de Estado». Lo siento por Federico Trillo, entonces ministro de Defensa. Su inteligencia, su brillantez y su talante humano no merecían ese final como servidor público. Pero la realidad no perdona. La exigencia de responsabilidades ante un suceso así llega inevitablemente a su persona. Es todo tan escandaloso, que no basta con pedir disculpas, como tantas veces ha hecho. Un escándalo así, una dejación como ésta, no puede quedar impune. Si fue engañado, deben pagar los autores del gran fraude. Si no fue engañado, es muy difícil, es imposible defender que siga incluso como diputado.

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